Durante la audiencia de vinculación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al denominado Caso Triple A, la Fiscalía General del Estado reveló que Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del funcionario, también estarían implicados en una red de presuntas irregularidades relacionadas con la comercialización ilegal de combustible subsidiado.
El fiscal Carlos Alarcón presentó estos datos como parte de los elementos de convicción en contra de la empresa Terminal Naviero Petrolero S.A. (Ternape Petroleum S.A.), cuyos accionistas son precisamente los tres hermanos Álvarez: Antonio, Xavier y Aquiles.
Ventas irregulares entre empresas vinculadas
Según la investigación fiscal, Terminal Naviero Petrolero S.A. vendió cerca de USD 9,7 millones en diésel a la comercializadora Corpalubri, también propiedad de la familia Álvarez, entre los años 2020 y 2024. Esta transacción sería ilegal porque ambas empresas operan en segmentos distintos: Ternape en el segmento naviero y Corpalubri en el segmento industrial, por lo cual no está permitido que se comercien entre sí.
Otro ejemplo citado por la Fiscalía fue una transacción con Biempetrol S.A., empresa operadora del segmento naviero. La empresa de los Álvarez habría comprado combustible por USD 1 millón, cuando esa operación también estaba fuera del marco legal.
Inconsistencias en volúmenes de diésel y su origen
Uno de los hallazgos más relevantes es que Ternape Petroleum S.A. recibió 3 millones de galones de diésel de la comercializadora Corpetrolsa, pero terminó vendiendo 5 millones de galones solamente a una embarcación internacional llamada Txopituna S.L., dedicada a la pesca de atunes.
Estas ventas, realizadas entre 2021 y 2024, habrían generado más de USD 10 millones, pese a que no se ha podido justificar el origen de dos millones de galones de diésel. Este combustible, subsidiado por el Estado ecuatoriano, no podría haber sido comercializado legalmente en ese contexto.
Reportes del SRI y el uso del régimen RIMPE
El fiscal Alarcón también citó un reporte del Servicio de Rentas Internas (SRI) que revela que Antonio Álvarez estaba registrado como proveedor de Ternape Petroleum y facturó cerca de USD 1 millón entre 2020 y 2022, utilizando el Régimen Impositivo para Microempresas y Emprendedores (RIMPE), cuyo límite anual es de USD 300.000 en ingresos brutos.
Por su parte, Xavier Álvarez también aparece como proveedor de la misma empresa, facturando USD 1,1 millón bajo el mismo régimen. Finalmente, el alcalde Aquiles Álvarez también aparece facturando a su propia empresa, pese a tener su RUC suspendido definitivamente, sumando alrededor de USD 700.000.
¿Qué es el Caso Triple A?
El Caso Triple A es una investigación penal por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles subsidiados, que incluye delitos como almacenamiento, distribución y venta fuera del marco legal. La investigación apunta a que empresas familiares habrían aprovechado su estructura empresarial para obtener beneficios económicos indebidos a través de la reventa de diésel subsidiado.
La instrucción fiscal fue extendida 30 días más, tiempo durante el cual Aquiles Álvarez puede presentar pruebas de descargo o solicitar nuevas pericias que justifiquen la legalidad de las operaciones.
Proceso abierto y pendientes judiciales
Aunque la Fiscalía no ha imputado formalmente a los hermanos Antonio y Xavier Álvarez, su mención en la audiencia apunta a un posible hilo investigativo que podría derivar en nuevas vinculaciones. Por el momento, el foco principal del proceso sigue siendo el alcalde Aquiles Álvarez, quien deberá enfrentar el avance de la investigación mientras cumple sus funciones al frente del Municipio de Guayaquil.
Fuente: Expreso
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