La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reafirmó este miércoles, 29 de enero, que las rutas 54, 73 y 118, operadas por la cooperativa Río Amazonas, no podrán seguir transportando pasajeros. Esta decisión llega después de que un juez de garantías penales del Guayas rechazara la acción de protección presentada por la cooperativa de transporte, que buscaba la revocación de la medida tomada por la entidad municipal.
El fallo judicial y su impacto en la cooperativa Río Amazonas
El juez, al analizar el caso, determinó que la cooperativa Río Amazonas había incumplido con los requisitos técnicos y legales establecidos para la renovación de la operación de sus rutas. Según la ATM, el fallo de la corte señala que el proceso de renovación debía ser realizado por la operadora, lo que implicaba la falta de un título habilitante vigente para seguir operando. De acuerdo con la normativa vigente, las cooperativas de transporte deben cumplir con las cláusulas contractuales y los plazos establecidos para renovar su autorización de operación, lo cual no se cumplió en este caso.
Posición de la ATM sobre la suspensión de las rutas
Para la ATM, la decisión judicial confirma que no ha existido vulneración de derechos en su parte, ya que la medida tomada se ajusta a la normativa y a la ley de transporte público. En su comunicado oficial, la ATM subrayó que la cooperativa Río Amazonas no cuenta con la habilitación necesaria para operar las rutas mencionadas. Aseguraron que, en caso de incumplir la orden, procederán con las sanciones correspondientes, tal como lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Reacciones de los pasajeros y ajustes en el transporte público
Con la suspensión de las rutas 54, 73 y 118, muchos pasajeros se han visto obligados a buscar alternativas de transporte. Se han tomado otras rutas para continuar con sus desplazamientos, generando una modificación en la dinámica de transporte en la ciudad. La ATM sigue de cerca la situación para garantizar que no haya inconvenientes adicionales y que los usuarios no se vean perjudicados por esta medida.
El caso subraya la importancia de mantener la legalidad y el cumplimiento de los requisitos para operar dentro del sistema de transporte público, lo que afecta tanto a las operadoras como a los ciudadanos. La ATM, como ente regulador, continuará supervisando el cumplimiento de las normativas para asegurar un servicio adecuado para los usuarios.
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