En las últimas horas, una nueva intervención en contra de la minería ilegal tuvo lugar en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cuando personal del Bloque de Seguridad, compuesto por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ingresaron al sector de la mina El Olivo. Durante la operación, se localizaron dos campamentos que, al momento de la llegada de las fuerzas de seguridad, estaban vacíos. No obstante, el sitio contenía numerosas evidencias que sugieren actividades ilícitas en la zona.
Detalles de la intervención
Agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza, junto a efectivos del Grupo de Caballería Mecanizada Nro 36 “Yaguachi”, arribaron al lugar tras llevar a cabo labores de inteligencia enfocadas en la minería ilegal.
Los uniformados, después de cercar la zona por motivos de seguridad, iniciaron un registro minucioso del área. Durante esta inspección, encontraron diversos materiales que comprueban la existencia de actividades delictivas, incluyendo material explosivo, combustible, material mineralizado y generadores de energía, entre otros.
A pesar de la exhaustiva búsqueda, no se registraron detenciones, ya que los campamentos estaban abandonados al momento de la intervención.
Evidencias encontradas en la zona
En los dos campamentos, los agentes incautaron:
- 1,000 sacos de material aurífero, con un peso aproximado de 4,000 kilogramos.
- Cuatro canecas de combustible.
- Cinco motores a gasolina.
- Dos rotomartillos.
- Tres cilindros de gas.
- Equipos y utensilios utilizados por los mineros, tales como cocinas, víveres y herramientas.
- 24 tacos de dinamita marca Emulnor.
- 102 cápsulas detonantes.
- Ocho tacos de nitrato de amonio.
- 14 cápsulas detonantes armadas.
- 25 metros de cordón detonante.
El operativo concluyó con la destrucción de los campamentos construidos con plástico y madera, y el decomiso de todos los materiales encontrados, que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
Contexto de la minería ilegal
En un esfuerzo por combatir la minería ilegal y otros delitos, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el incremento de penas para 13 delitos y simplificó los trámites para procesos de extinción de dominio en delitos contra la administración, como parte de las reformas derivadas de la consulta popular y referéndum de abril 2024.
Entre los delitos incluidos se encuentra la actividad ilícita de recursos mineros, regulada por el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las sanciones para este delito varían según la gravedad:
- Pena privativa de libertad entre 16 y 20 años para la sentencia general.
- Entre tres y 16 años para la minería artesanal.
- Entre 22 y 26 años por daños al ambiente.
- Entre 26 y 30 años de cárcel por acciones de delincuencia organizada.
La reciente intervención en la mina El Olivo subraya la persistencia de la minería ilegal en el país y la firmeza de las autoridades en su combate.
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