El allanamiento a Segura EP ejecutado la noche del 15 de febrero de 2026 por la Fiscalía y el Ministerio del Interior generó una fuerte reacción política en el Concejo Municipal, donde Concejales de Guayaquil exigieron al Gobierno que sustente con pruebas sus acusaciones.
Concejales de Guayaquil rechazan la intervención
Un grupo de 12 concejales afines al alcalde Aquiles Alvarez manifestó su rechazo a la toma de control de las instalaciones de la empresa municipal de seguridad. En un comunicado conjunto, calificaron el operativo como una intromisión indebida y sostuvieron que no hubo incautaciones ni resultados materiales tras la intervención.
Los ediles ratificaron su respaldo al alcalde, quien cumple prisión preventiva, y a la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel. Además, advirtieron que defenderán la autonomía municipal y la estabilidad institucional frente a lo que consideran un exceso en el accionar del Gobierno Nacional.
Según el pronunciamiento, el despliegue policial no habría tenido fundamentos suficientes, ya que no se reportaron evidencias que justificaran la magnitud del procedimiento.
Investigación por uso de cámaras de videovigilancia
La Fiscalía señaló que, con base en información reservada, se conoció que la empresa municipal habría difundido imágenes de cámaras de videovigilancia a un servidor externo aún por confirmar. Desde el Ministerio del Interior se insinuó que esa información podría haber estado al servicio de grupos delictivos.
Ante estas declaraciones, la concejala Cinthia García pidió que se realice una investigación seria para confirmar o descartar la hipótesis. Aunque cuestionó la forma en que se ejecutó el operativo, insistió en que el Gobierno debe presentar evidencias concretas que respalden sus acusaciones.
Incendios y escalada de tensión política
La controversia ocurre después de los incendios estructurales registrados el 11 y 15 de febrero en el centro de Guayaquil. El ministro del Interior cuestionó los tiempos de respuesta y el manejo de la información de seguridad, señalando un posible incumplimiento de un acuerdo ministerial relacionado con la coordinación de cámaras y el sistema ECU 911.
Por su parte, la alcaldesa encargada Tatiana Coronel rechazó los señalamientos y defendió la gestión municipal en materia de seguridad y riesgos.
El caso profundiza la tensión entre el Ejecutivo y el Municipio en un contexto marcado por la inseguridad y la presión ciudadana por mayor transparencia.
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