La Corte Constitucional dio un paso clave al aprobar la pregunta que permitiría trasladar la designación de autoridades desde el Cpccs hacia la Asamblea Nacional, dentro de un proceso de reforma impulsado por el Ejecutivo. El dictamen establece que la propuesta cumple con criterios legales fundamentales, aunque exige ajustes técnicos antes de continuar.
Corte Constitucional valida la propuesta de reforma
El organismo concluyó que tanto la pregunta planteada como sus considerandos cumplen con los principios de claridad, coherencia y neutralidad establecidos en la normativa vigente. Este aval permite que la iniciativa avance dentro del proceso constitucional sin obstáculos de fondo.
La propuesta busca modificar el esquema actual de designación de autoridades, eliminando esta atribución del Cpccs y trasladándola a la Asamblea Nacional mediante mecanismos que incluyan participación ciudadana, meritocracia y control público.
Observaciones técnicas obligatorias
A pesar del respaldo general, la Corte identificó un aspecto que debe corregirse de manera obligatoria. Se trata de una imprecisión en el anexo normativo que acompaña la propuesta, específicamente en la referencia al artículo constitucional que se pretende modificar.
El dictamen ordena que se incluya de forma explícita la mención al artículo 207 de la Constitución, con el fin de evitar ambigüedades en la aplicación de la enmienda.
Corte Constitucional y el proceso iniciado en 2025
Este dictamen forma parte de un proceso que comenzó en septiembre de 2025, cuando el Ejecutivo presentó varias propuestas de reforma constitucional. Desde entonces, la iniciativa ha atravesado distintas fases de análisis jurídico dentro del máximo órgano de control constitucional.
Un momento clave ocurrió en enero de 2026, cuando se determinó que la vía adecuada para esta propuesta era la enmienda constitucional, descartando alternativas más complejas como una reforma parcial o una Asamblea Constituyente.
Etapas finales para la reforma
Con la validación de la Corte, el siguiente paso es que el Ejecutivo realice la corrección solicitada y remita nuevamente el texto para su verificación. Una vez cumplido este requisito, el proceso podrá continuar hacia las siguientes etapas previstas en la normativa.
La resolución fue aprobada por unanimidad, aunque uno de los jueces emitió un voto concurrente cuestionando aspectos relacionados con el análisis del gasto presupuestario incluido en los considerandos.
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