La Corte Constitucional de Ecuador emitió una sentencia histórica que confirma la existencia de prácticas análogas a la esclavitud en las haciendas de Furukawa, una empresa japonesa dedicada al cultivo e industrialización de abacá. Este fallo da la razón a las víctimas que denunciaron explotación laboral durante casi 60 años y señala que las condiciones de esclavitud fueron motivadas por la “extrema vulnerabilidad” y el “racismo estructural” del país.
“Por más de cinco décadas, Furukawa mantuvo en sus haciendas una práctica conocida como servidumbre de la gleba”, establece la sentencia. Este sistema obligaba a trabajadores, principalmente afrodescendientes, a vivir en campamentos insalubres y trabajar bajo condiciones indignas, sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o educación.
Responsabilidades compartidas: el rol del Estado y de la empresa
El fallo también señala la responsabilidad de las entidades públicas por no haber adoptado medidas para prevenir y proteger a los trabajadores. La Corte exige reparaciones integrales que incluyen disculpas públicas tanto del Estado como de Furukawa, compensaciones económicas, cesión de tierras y reformas legales para evitar la repetición de estas prácticas.
“La omisión del Estado en supervisar y proteger los derechos humanos permitió que este sistema se perpetuara por décadas”, señala Alejandra Zambrano, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Según ella, este fallo marca un hito en la lucha contra el racismo estructural en Ecuador.
Racismo estructural: una raíz profunda del problema
La sentencia destaca que los trabajadores, en su mayoría afrodescendientes, eran percibidos como “objetos de producción” y no como seres humanos con igualdad de derechos. Este reconocimiento explícito del racismo estructural en Ecuador es un primer paso hacia la visibilización y corrección de estas injusticias históricas.
“La esclavitud moderna no se manifiesta solo por la fuerza, sino que se perpetúa gracias a la extrema vulnerabilidad de las víctimas. Este fallo es una advertencia a otras empresas que mantienen prácticas similares”, añade Zambrano.
Reparaciones simbólicas y medidas inmediatas
La Corte ha ordenado un conjunto de reparaciones simbólicas, entre ellas la creación de un documental sobre la servidumbre de la gleba con participación de las víctimas y la declaración de un día nacional en conmemoración de quienes sufrieron estas condiciones. Además, el acto de disculpa pública deberá realizarse en menos de dos meses en la Plaza Grande de Quito, encabezado por el presidente o un ministro.
Irregularidades en el proceso penal
Mientras tanto, el proceso penal contra Furukawa y sus exadministradores sigue en curso, aunque plagado de irregularidades. Entre los acusados se encuentran antiguos gerentes como Marcelo Almeida, Adrián Herrera e Iván Segarra, así como la persona jurídica de la empresa.
Una de las irregularidades más graves ha sido la vinculación de la jueza Miriam Cecilia Yáñez Vallejo con el abogado de uno de los acusados, lo que ha generado demandas de recusación por conflicto de intereses. Este tipo de situaciones refleja el nivel de influencia que la firma ha ejercido durante el proceso judicial.
Un precedente jurídico para Ecuador
Esta es la primera vez que la Corte Constitucional de Ecuador emite un fallo sobre servidumbre de la gleba y racismo estructural, marcando un precedente legal de obligatorio cumplimiento. Según los abogados del caso, este fallo también podría influir en el proceso penal en curso, aunque no sea vinculante.
El siguiente paso será la ejecución de la sentencia, donde se supervisará el cumplimiento de las reparaciones ordenadas. Los abogados de las víctimas reconocen que aún queda mucho trabajo por hacer, pero consideran que este fallo representa un avance significativo hacia la justicia y la reparación.
Impacto en el futuro de la agroindustria
Además de su impacto jurídico, esta sentencia lanza un mensaje contundente a otras empresas en el sector agroindustrial de Ecuador, un país donde la explotación laboral sigue siendo un problema generalizado. “Es un llamado de atención para todas las corporaciones que operan bajo sistemas opresivos y desiguales”, concluye Zambrano.
Este fallo histórico no solo busca hacer justicia para las víctimas de Furukawa, sino que también establece un marco para abordar las profundas desigualdades sociales y raciales que persisten en Ecuador.
Te puede interesar:
Ecuador impulsa nuevos proyectos de Asociaciones Público-Privadas
