Posición del mandatario sobre la consulta popular
El presidente Daniel Noboa confirmó que no convocará a referéndum sobre las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para las elecciones seccionales programadas el 29 de noviembre de 2026. Aunque cuenta con la facultad legal para hacerlo, durante una entrevista con las emisoras Quito y Platinum el 31 de julio de 2026 respondió de forma categórica: “no, en estas elecciones no”, al ser consultado sobre la posibilidad de incluir esta pregunta en el proceso electoral.
En esa misma fecha, los ciudadanos ecuatorianos también elegirán a los nuevos integrantes del CPCCS. Actualmente, participan 309 postulantes en la primera etapa del proceso electoral correspondiente.
Antecedentes de la propuesta constitucional
Cabe recordar que en abril de 2026 la Corte Constitucional verificó que el Ejecutivo cumplió con todos los requisitos establecidos para presentar la iniciativa. El objetivo central de la propuesta es modificar la Constitución para retirar la atribución de designar autoridades que actualmente recae en el CPCCS.
En su lugar, se plantea instaurar mecanismos que aseguren la participación ciudadana, la meritocracia y el escrutinio público. Será la Asamblea Nacional la encargada de realizar dichas designaciones a través de estos procedimientos transparentes.
El texto que se sometería a consulta establece: “¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe, a través de estos procesos, a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?”.
Otras iniciativas pendientes de consulta
Por otra parte, el presidente manifestó su intención de llevar a referéndum otros temas que han encontrado obstáculos en instancias legislativas o judiciales. Entre ellos se encuentra la aplicación de la castración química para personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Asimismo, propone excluir a las personas privadas de la libertad de la condición de grupo de atención prioritaria.
La propuesta de castración química fue presentada por el mandatario en 2025 como una medida adicional de sanción. Mientras tanto, la iniciativa sobre el estatus de las personas recluidas venía impulsándose desde 2024, pero fue rechazada por la Corte Constitucional. El Ejecutivo aún no ha definido una fecha concreta para ninguna de estas consultas.
Fuente: Primicias
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