Las tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador han desatado una tormenta económica en el departamento del Putumayo. El cierre del paso fronterizo en San Miguel y el aumento del 900% en la tarifa para transportar crudo colombiano por el Oleoducto Transecuatoriano han puesto a la región amazónica al borde de una crisis económica y social, afectando desde la industria petrolera hasta el comercio y el turismo local.
Un sobrecosto que asfixia la producción petrolera
La decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de incrementar la tarifa de transporte de crudo de 3 a casi 30 dólares por barril ha cambiado por completo la ecuación financiera para las empresas que operan en Putumayo. Con el barril Brent rondando los 68 dólares, destinar casi la mitad de ese valor solo al transporte reduce al mínimo los márgenes de ganancia.
Expertos del sector señalan que no se trata de un arancel tradicional, sino de un sobrecosto operativo que asumen directamente los exportadores. Los principales campos petroleros de la región requieren alrededor de 36 dólares por barril para cubrir los costos de extracción. Al sumar la nueva tarifa impuesta por Ecuador, el costo total se eleva a unos 66 dólares, dejando una rentabilidad prácticamente inexistente.
Además, el sobrecosto diario se estima entre 450.000 y 540.000 dólares, lo que amenaza la viabilidad de los 20.000 barriles que se envían cada día hacia Ecuador, muchos de ellos a través del oleoducto.
El impacto directo en Ecopetrol y las finanzas regionales
Aunque el crudo del Putumayo representa cerca del 3% de las exportaciones totales de Colombia, el golpe para Ecopetrol es significativo. La empresa estatal podría enfrentar pérdidas cercanas a los 8 millones de dólares mensuales.
Para el departamento, el panorama es aún más delicado. Las regalías petroleras constituyen una fuente clave de ingresos y en 2023 representaron el 21,5% del total departamental. Una caída prolongada en la producción o en la rentabilidad afectaría directamente la inversión pública, los proyectos sociales y la estabilidad fiscal regional.
Frontera cerrada y comercio paralizado
El 24 de diciembre, Ecuador cerró unilateralmente el paso fronterizo en el puente de San Miguel. La medida dejó sin trabajo inmediato a cientos de transportistas y obligó a empresas como Gran Tierra Energy a redirigir su producción por rutas más largas y costosas hacia el departamento del Huila.
El comercio local también se ha visto gravemente afectado. En municipios como La Hormiga, la ausencia de compradores ecuatorianos ha reducido drásticamente las ventas. Comerciantes reportan caídas de hasta el 50% en sus ingresos y despidos de personal ante la disminución del flujo de clientes.
Negocios como supermercados, restaurantes, peluquerías y servicios de logística han resentido la contracción del consumo. La economía regional, fuertemente vinculada al petróleo y al intercambio fronterizo, carece de alternativas inmediatas para compensar la pérdida de actividad.
Turismo y economía familiar en retroceso
El cierre de la frontera también golpeó al sector turístico. Para muchos habitantes del Putumayo, el acceso más cercano al mar es a través de Ecuador. La suspensión del paso frustró la temporada vacacional y dejó a agencias de turismo con deudas frente a proveedores extranjeros.
Pequeñas empresas que sostienen a varias familias han tenido que operar a media marcha. La reducción del tránsito binacional no solo afecta el turismo, sino también la compra de bienes como ropa y electrodomésticos, lo que profundiza el enfriamiento económico en la región.
Una cuenca petrolera en declive
La crisis llega en un momento crítico para la cuenca del Putumayo. La producción petrolera ha caído casi a la mitad en menos de una década, pasando de 46.000 barriles diarios en 2015 a 24.200 en 2024. Las proyecciones indican que podría disminuir otro 55% en los próximos cinco años.
Este declive estructural, sumado al aumento de costos y a las tensiones diplomáticas, coloca al departamento ante un escenario de alta vulnerabilidad económica y social.
Fuente: El País
