Este viernes 8 de noviembre, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) examinará si el presidente Daniel Noboa incurrió en violencia política de género contra la vicepresidenta Verónica Abad. La audiencia se centra en ocho acusaciones presentadas por los abogados de Abad, quienes aseguran que Noboa, junto con la canciller Gabriela Sommerfeld y los exfuncionarios Esteban Torres y Diana Jácome, llevó a cabo una serie de acciones consideradas violentas contra la Vicepresidenta.
Entre las acusaciones que involucran a Daniel Noboa, se destaca el supuesto exilio forzoso de Abad a Israel y la reestructuración de la Vicepresidencia sin su participación.
Por su parte, la defensa de Noboa y de los demás acusados rechaza firmemente estas imputaciones, argumentando que las decisiones adoptadas fueron legítimas y necesarias para la administración gubernamental.
Daniel Noboa y las implicaciones del juicio
La audiencia representa un hito importante, ya que el juez electoral, Guillermo Ortega, elaborará un proyecto de sentencia que podría llevar a sanciones significativas.
Según el Código de la Democracia, la violencia política de género es una infracción muy grave que se castiga con multas, pérdida de derechos políticos e incluso destitución de cargos públicos.
Sin embargo, en el caso de Noboa, la Constitución ecuatoriana limita las facultades del TCE, impidiendo que el organismo pueda destituir al Presidente o a la Vicepresidenta.
Posibles consecuencias para Daniel Noboa y su administración
Aunque Noboa no enfrenta una posible destitución debido a los límites constitucionales, un fallo en su contra podría afectar su imagen pública y la estabilidad de su gobierno.
De esta manera, esta acusación se suma a las tensiones políticas en el país, y genera expectativas en la opinión pública sobre el resultado del juicio y sus repercusiones en la estructura del poder.
Los próximos pasos en el caso
Se espera que, al finalizar la audiencia, el juez Ortega emita su decisión de primera instancia. Dependiendo del fallo.
En este caso, Daniel Noboa podría enfrentar un proceso prolongado de apelaciones o asumir las consecuencias que la ley dictamine, en un escenario de gran interés para la política ecuatoriana y la ciudadanía.
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