El 3 de septiembre de 2024, el Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano (ODDE) presentó una grave denuncia que podría sacudir el mundo del deporte paralímpico en Ecuador. El organismo expuso una presunta estructura de corrupción que habría permitido la participación de personas sin discapacidad en competiciones paralímpicas. Incluidos los actuales Juegos de París. La denuncia incluye alegaciones de que estos individuos han sido beneficiados indebidamente de recursos destinados a atletas legítimamente discapacitados.
Acusaciones y Revelaciones del ODDE
En un oficio dirigido al presidente del Congreso de Ecuador, Edison Mendoza, el coordinador del ODDE reveló una presunta red de corrupción dentro del Comité Paralímpico Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDEDI). Según el informe, la corrupción habría facilitado que personas sin discapacidad obtuvieran “clasificaciones funcionales fraudulentas” para competir en eventos paralímpicos. Lo que les permitió acceder a recursos y beneficios destinados a atletas con discapacidades reales.
Contexto de la Denuncia
El ODDE, acreditado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde 2018, ha estado recibiendo información confidencial sobre estos actos de corrupción durante aproximadamente cinco años. Según la denuncia la red de corrupción involucraría a entrenadores y dirigentes deportivos que colaboraron para que deportistas sin discapacidad se beneficiaran de clasificaciones paralímpicas fraudulentas. Este escándalo se extiende incluso a eventos internacionales, como los Juegos Parapanamericanos de Toronto en 2015. Donde Ecuador obtuvo su primera medalla de oro en salto largo, ahora bajo sospecha.
Cargos y Responsables
Los principales responsables de esta presunta red de corrupción, según el ODDE, son Santiago David Chango Pilataxi, director técnico metodológico del Comité Paralímpico Ecuatoriano, y Walter Oswaldo Haro Ruiz, director técnico metodológico de la FEDEDI. Se alega que ambos facilitaron la obtención fraudulenta de clasificaciones funcionales para deportistas sin discapacidad. La denuncia también incluye a Sonia Patricia León Jara, actual presidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano y ex presidenta de la FEDEDI. Como una figura clave en la red de corrupción, con indicios de que habría permitido estos actos y se benefició económicamente a través de sobornos.
Proceso de Clasificación y Requisitos Internacionales
El proceso de elegibilidad para los deportistas con discapacidad intelectual es riguroso y debe cumplir con estándares internacionales establecidos por entidades como VIRTUS. La Federación Internacional de Deportes para Atletas con Discapacidad Intelectual. Los atletas deben tener un coeficiente intelectual de 75 o menos, mostrar limitaciones significativas en el comportamiento adaptativo, y tener un diagnóstico de discapacidad intelectual antes de los 22 años. El presunto fraude en la clasificación funcional violaría estos criterios, afectando la integridad de las competiciones paralímpicas.
Alertas y Evidencias
El 23 de agosto de 2024, un entrenador de atletas paralímpicos alertó a la televisora Teleamazonas sobre la presencia de deportistas con discapacidades falsas en los Juegos Paralímpicos de París. El entrenador, que prefirió mantener su identidad en reserva, indicó que algunos atletas ecuatorianos tienen licencias de conducir tipo B. Las cuales no deberían otorgarse a personas con discapacidades significativas. Esta discrepancia ha levantado sospechas sobre la legitimidad de las clasificaciones funcionales de algunos atletas.
Respuesta del Comité Paralímpico Ecuatoriano
En respuesta a las acusaciones, Santiago Chango, jefe técnico del Comité Paralímpico Ecuatoriano, explicó que la participación en los Juegos Paralímpicos requiere que los deportistas pasen por un proceso de clasificación médica funcional llevado a cabo por clasificadores internacionales. Chango aseguró que este proceso garantiza la validez de las clasificaciones y la elegibilidad de los atletas para las competiciones.
La denuncia del ODDE plantea serias preguntas sobre la integridad del deporte paralímpico en Ecuador y la posible corrupción en la clasificación de atletas. Las autoridades ecuatorianas y la comunidad internacional están a la espera de una investigación exhaustiva que aclare la veracidad de estas acusaciones. Esto con el fin de que garantice que los recursos y oportunidades destinadas a los atletas con discapacidad se utilicen de manera justa y equitativa.
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