El caso de la desaparición de cuatro menores en Guayaquil ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana. Una jueza ha reconocido la desaparición como “forzada” y ha subrayado la responsabilidad del Estado en los hechos. Este artículo detalla los avances judiciales, las acciones ordenadas y las implicaciones sociales y legales del caso.
Reconocimiento de desaparición forzada
La jueza Tanya Loor aceptó la noche del martes 24 de diciembre de 2024 el recurso de hábeas corpus interpuesto por las familias de Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11). Los menores fueron detenidos el pasado 8 de diciembre en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil, por militares. La jueza determinó que la desaparición sea investigada como “forzada” y con “responsabilidad del Estado”.
Durante la audiencia, se presentaron evidencias que apuntan a que los 16 militares implicados en el caso no cumplieron con los protocolos establecidos. Como parte de sus decisiones, Loor ordenó la activación de protocolos de búsqueda en todo el país. La creación de una comisión multidisciplinaria para investigar los hechos de manera independiente.
Contexto de los hechos
Los niños desaparecieron después de una práctica de fútbol en su barrio. Videos que circulan en redes sociales muestran el momento de la detención por parte de hombres vestidos de militares. Quienes los suben a una camioneta castrense. Las primeras versiones indican que los menores fueron llevados hacia la base militar de Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil, donde se perdió todo rastro de ellos.
Las Fuerzas Armadas, representadas por abogados del Ministerio de Defensa, argumentaron en la audiencia que los menores no se encuentran bajo custodia estatal y que “fueron liberados” tras la aprehensión. Sin embargo, estas afirmaciones han sido contradichas por evidencias presentadas por la Fiscalía y organizaciones de derechos humanos.
Acciones judiciales y responsabilidades
La Fiscalía anunció que formulará cargos contra 16 militares implicados en la detención y desaparición de los menores. Además, el Ministerio de Defensa ha puesto bajo custodia militar a los acusados mientras se desarrollan las investigaciones.
El fiscal Christian Fárez destacó que no existe ningún indicio de que los niños hubieran cometido actos ilícitos que justificaran su detención. También enfatizó que los militares no siguieron los procedimientos obligatorios. Como notificar al sistema ECU 911 y entregar a los menores a una unidad especial de la Policía.
Medidas preventivas y formación en derechos humanos
La jueza Loor ordenó que la Defensoría del Pueblo implemente capacitaciones a las Fuerzas Armadas sobre la protección de los derechos humanos. Con especial énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia. Esta medida busca evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
Llamado de organismos internacionales
El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas instó al Estado ecuatoriano a desarrollar una estrategia integral para la búsqueda de los menores. Solicitaron un plan de acción urgente con un cronograma específico que garantice resultados inmediatos.
Impacto social y legal
Este caso ha generado una profunda indignación en Ecuador y ha puesto en tela de juicio el papel de las Fuerzas Armadas en la protección de los derechos humanos. La sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos y juristas están siguiendo de cerca el desarrollo de este caso. Esto podría sentar un precedente importante en la lucha contra la impunidad en el país.
En los próximos días, se esperan avances significativos en el proceso judicial y la implementación de las medidas ordenadas por la jueza. La búsqueda de justicia para los cuatro menores y sus familias sigue siendo una prioridad para el sistema judicial ecuatoriano y la comunidad internacional.
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