- La nueva Ley de Integridad Pública que entró en vigencia el 26 de junio de 2025, establece que el desempeño de los servidores públicos será evaluado cada seis meses.
- Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), indicó que la Ley de Integridad Pública incumple el principio de unidad de materia.
- Un foco central de la controversia es el modelo de evaluación de desempeño que, al ser semestral, podría terminar en despidos masivos.
La nueva Ley de Integridad Pública que entró en vigencia el 26 de junio de 2025, establece que el desempeño de los servidores públicos será evaluado cada seis meses. Esta normativa ha generado preocupación entre sindicatos laborales, que anuncian una demanda de inconstitucionalidad ante la posible afectación a la estabilidad laboral.
Preocupación sindical por evaluación punitiva y despidos
Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), indicó que la Ley de Integridad Pública incumple el principio de unidad de materia. Este principio establece que una ley debe tratar un solo tema, pero la norma contiene reformas en diversos ámbitos, lo que podría ser inconstitucional.
Un foco central de la controversia es el modelo de evaluación de desempeño que, al ser semestral, podría terminar en despidos masivos. “La evaluación debe buscar mejorar el rendimiento, pero si termina en destitución, se convierte en una evaluación punitiva. Esto podría derivar en una salida masiva de servidores públicos, similar a lo ocurrido en administraciones anteriores”, señaló Arellano.
Evaluación y proceso de destitución
El artículo 80 de la Ley establece que un servidor público que reciba una calificación insuficiente será destituido. Aunque la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) ya contemplaba la destitución ante calificaciones insuficientes, la periodicidad semestral intensifica la preocupación.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aclaró que el mecanismo de evaluación no es nuevo, pero reconoció que hasta ahora no se aplicaban estas evaluaciones de forma constante. Además, aseguró que los servidores tendrán derecho a apelar las evaluaciones consideradas injustas.
Implementación técnica y próxima regulación
Las evaluaciones serán realizadas por cada institución pública, basándose en parámetros definidos por el Ministerio del Trabajo mediante un acuerdo ministerial. La ministra Núñez explicó: “Estamos elaborando un marco técnico y estableciendo puntajes para garantizar la objetividad en las evaluaciones”.
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