- La SEPS identificó a 134 entidades ficticias que operan de forma clandestina en redes sociales.
- Las organizaciones ilegales ofrecen créditos inmediatos con mínimos requisitos exigiendo depósitos previos.
- Los estafadores usurpan nombres, tipografías y logotipos de cooperativas legalmente registradas.
- Las autoridades recuerdan que ninguna entidad financiera autorizada pide dinero por adelantado para aprobar un préstamo.
Modus operandi del fraude crediticio y captación ilegal
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) emitió una severa alerta nacional este 21 de octubre de 2026 tras identificar la operación clandestina de 134 entidades ficticias que se promocionan de forma ilegal como ‘cooperativas de ahorro y crédito’, ‘cajas comunales’ o ‘asociaciones de microfinanzas’ en todo el territorio ecuatoriano sin contar con licencia ni autorización para captar recursos de terceros ni para otorgar préstamos mercantiles.
De acuerdo con el informe técnico de control de riesgos, estas redes de estafa operan principalmente a través de plataformas digitales como Facebook, WhatsApp, Telegram y páginas web falsas que replican la identidad visual, tipografías y sellos de instituciones financieras legítimas. El anzuelo predilecto consiste en publicitar préstamos inmediatos de hasta USD 50.000 a tasas de interés irrisorias del 2% al 4% anual, sin consulta de buró de crédito ni requerimiento de garantes personales.
Una vez que la víctima se comunica con los supuestos asesores, se le solicita el depósito previo de montos que van desde los USD 150 hasta los USD 800 bajo el pretexto de gastos de formalización de pólizas de seguro, apertura de carpetas notariales o impuestos de transferencia. Una vez transferido el dinero a cuentas de prestanombres, los estafadores bloquean las comunicaciones telefónicas y desaparecen.
La SEPS advirtió que la entrega de información personal y bancaria a estos grupos expone a los ciudadanos a ser víctimas secundarias de suplantación de identidad para cometer delitos de lavado de activos y fraudes informáticos.
Sanciones penales por captación ilegal y usurpación de funciones
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 323, tipifica el delito de captación ilegal de dinero con penas privativas de la libertad de cinco a siete años para quienes organicen, promuevan o publiciten actividades de intermediación financiera sin contar con la respectiva autorización legal de los entes reguladores del Estado.
Los peritos de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional han detectado que estas bandas emplean cuentas de ahorros abiertas a nombre de personas en situación de extrema vulnerabilidad social o indigencia, a quienes pagan pequeñas sumas por alquilar sus cuentas bancarias, dificultando el rastreo de los verdaderos beneficiarios finales de los fondos estafados.
La SEPS trabaja de forma coordinada con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) para bloquear de forma expedita dominios web y números de mensajería instantánea vinculados a las campañas fraudulentas reportadas por la ciudadanía.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no dejarse seducir por ofertas financieras milagrosas que prometen dinero fácil sin garantías ni trámites documentales. La SEPS mantiene a disposición del público en su portal web un buscador interactivo en el que se puede ingresar el nombre de cualquier cooperativa para verificar en tiempo real si cuenta con personería jurídica activa y supervisión del Estado ecuatoriano.
Cualquier sospecha de captación no autorizada debe ser reportada inmediatamente a la línea 1800-DELITO o a los canales directos de la Policía Judicial para iniciar los allanamientos correspondientes antes de que los sospechosos consumen la estafa y trasladen los fondos fuera del sistema financiero nacional.
El sistema financiero cooperativo formal reiteró su compromiso de precautelar los ahorros de la ciudadanía mediante auditorías rigurosas y reservas de liquidez permanentemente supervisadas.
Listado de prevención y verificación ciudadana en portales oficiales
Las directivas emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Superintendencia de Bancos del Ecuador instan a la población a consultar obligatoriamente el catastro público de cooperativas vigiladas antes de realizar transferencias financieras. El fortalecimiento de la educación financiera y el acceso a financiamiento legal es clave para proteger el bolsillo ciudadano, tal como se promueve cuando el Gobierno coloca USD 787,5 millones en créditos para producción a través de la banca formal.
La Fiscalía General del Estado adelanta investigaciones de oficio para desarticular las redes criminales que operan detrás de los números telefónicos y cuentas bancarias receptoras de las estafas crediticias en varias ciudades del país.
