- El Concejo Cantonal de Ambato suspendió por segunda ocasión la sesión extraordinaria para regular la tarifa de buses.
- La falta de quórum se originó tras el abandono del pleno por parte de concejales que exigieron la presencia de Diana Caiza.
- El proyecto plantea un incremento de tres centavos de dólar que carece de certificación presupuestaria de respaldo.
- Los transportistas urbanos convocaron a una asamblea general y advirtieron con paralizar sus unidades si no hay resolución.
La segunda convocatoria a sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Ambato concluyó sin resultados el viernes 18 de septiembre de 2026. El cuerpo edilicio no logró instalar el debate del proyecto de ordenanza que regula la tarifa del servicio de transporte urbano de pasajeros debido a la pérdida imprevista del quórum reglamentario en el Salón de la Ciudad, en la provincia de Tungurahua.
La jornada legislativa comenzó bajo la conducción del alcalde subrogante Carlos Ibarra, con la presencia inicial de ocho concejales cantonales. Ante la ausencia de varios integrantes del cabildo, la presidencia de la sesión otorgó un receso técnico de 15 minutos para facilitar la incorporación de los ediles faltantes. Sin embargo, al reanudarse el encuentro, las concejalas María José López y Nicol Brito decidieron retirarse de la sala de sesiones.
Con solo cinco concejales y el alcalde subrogante en sus curules, el organismo colegiado quedó inhabilitado para deliberar y votar. Frente a este panorama, Ibarra clausuró formalmente la reunión y resolvió trasladar el análisis definitivo del proyecto tarifario hacia la sesión ordinaria programada para el martes 22 de septiembre de 2026.
Cuestionamientos técnicos y exigencia de presencia de la alcaldesa Diana Caiza
Durante los intercambios preliminares, la concejala Carolina Dávila sostuvo una postura firme en contra de aprobar el documento normativo sin sustentos documentales concluyentes. La edil advirtió que la iniciativa propone un incremento directo de tres centavos de dólar sobre el pasaje actual, pero cuestionó con énfasis la ausencia de una certificación presupuestaria formal emitida por la Dirección Financiera del Municipio de Ambato que precise el mecanismo de financiamiento de cualquier compensación estatal.
Por su parte, el concejal Diego Proaño defendió el avance de la propuesta normativa al recalcar que la comisión legislativa ha trabajado durante aproximadamente 40 meses continuos en la recopilación de informes técnicos, sociológicos y jurídicos. Proaño consideró indispensable discutir la iniciativa técnica elaborada, aunque reconoció la conveniencia institucional de que la votación cuente con el liderazgo presencial de la máxima autoridad de la urbe.
La postura de condicionar el debate a la presencia de la alcaldesa titular Diana Caiza unificó los reclamos de varias bancadas. Tanto Nicol Brito como María José López demandaron que las resoluciones tarifarias no se adopten en ausencia de la ejecutiva cantonal, al considerar que fijar el precio del pasaje demanda corresponsabilidad política directa y una articulación integral entre autoridades y ciudadanía.
Esta clase de dilemas de movilidad refleja los desafíos que afrontan los gobiernos locales en todo el país, similar a las inversiones donde El Oro recibe camionetas y tractores para vialidad y producción, a las políticas en que Loja estrena botones peatonales para regular el tránsito urbano o a las acciones donde autoridades aplican medidas de ordenamiento urbano en Quito.
Malestar de los transportistas y advertencia de paralización del servicio
El fracaso reiterado de las sesiones extraordinarias provocó un enérgico descontento entre los directivos y agremiados del transporte urbano de Ambato que aguardaban el desenlace en los exteriores del palacio municipal. Voceros del sector transportista denunciaron dilaciones injustificadas en la aplicación de las directrices de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y señalaron que los costos operativos de mantenimiento, repuestos y combustibles ahogan la sostenibilidad de las unidades.
Ante la falta de acuerdos, las cooperativas de transporte urbano resolvieron convocar a una asamblea general extraordinaria de socios durante el fin de semana. Los dirigentes advirtieron que las bases analizan medidas de hecho radicales, entre las que no descartan apagar los motores y suspender el servicio en las rutas urbanas y rurales de la capital tungurahuense si el concejo no define la ordenanza.
Desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), diversos especialistas en administración pública recomiendan a los cabildos promover mesas técnicas de concertación social antes de llevar los pliegos tarifarios a votación plenaria, con el fin de evitar conflictos de paralización ciudadana que perjudiquen las actividades comerciales y educativas de la población.
