- Una fundación animalista de Machala denunció el presunto ahorcamiento de un canino.
- Los activistas solicitaron la intervención formal de la Fiscalía General del Estado.
- El Código Orgánico Integral Penal tipifica el maltrato animal con penas de prisión.
- Organizaciones ciudadanas exigen controles más estrictos sobre la tenencia responsable.
Colectivos defensores de los derechos de los animales en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, presentaron una denuncia pública solicitando una investigación formal y urgente a las autoridades competentes ante un presunto caso de ahorcamiento y muerte intencional de un perro en un barrio del cantón orense. El hecho causó profunda indignación entre organizaciones de bienestar animal y residentes locales tras difundirse registros del acontecimiento.
Representantes de la fundación denunciante indicaron que pusieron los antecedentes a disposición de la Fiscalía General del Estado y de la unidad de protección del medio ambiente de la Policía Nacional para que se inicien las indagaciones pertinentes, se identifique a los responsables materiales y se apliquen las máximas sanciones prescritas en el marco jurídico ecuatoriano.
Marco legal del maltrato animal en el Código Penal
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona explícitamente en su normativa los actos de crueldad contra animales domésticos y de compañía. De acuerdo con el cuerpo legal vigente, quien cause lesiones graves, torture o provoque la muerte de un animal de forma deliberada puede enfrentar penas privativas de libertad que oscilan entre seis meses y tres años de prisión, agravándose la condena si el acto se comete con ensañamiento o en presencia de menores de edad.
La problemática del manejo de fauna urbana y la interacción con animales domésticos ha generado diversas discusiones en el país sobre políticas públicas de control ético, como el debate científico reciente sobre cómo los perros ferales representan una creciente amenaza ecológica en Ecuador debido a la falta de esterilización masiva y abandono irresponsable en áreas vulnerables.
Activistas locales recordaron que las alcaldías cantonales tienen la obligación jurídica de mantener activas ordenanzas de convivencia y protección animal, así como de fiscalizar denuncias sobre criaderos clandestinos o situaciones de negligencia extrema que derivan en desenlaces fatales para las mascotas.
Exigencia de sanción y concienciación sobre tenencia responsable
Diversas agrupaciones ciudadanas se han sumado al pronunciamiento, convocando a plantones pacíficos en los exteriores de las dependencias judiciales de Machala para demandar celeridad procesal y sentar un precedente judicial claro que desincentive la violencia hacia los seres sintientes.
Las organizaciones reiteraron el llamado a la comunidad a no guardar silencio frente a escenas de abuso o negligencia animal, recordando que la denuncia formal acompañada de elementos periciales y testimoniales resulta indispensable para que la justicia determine responsabilidades penales efectivas contra los agresores.
Asimismo, los colectivos promueven talleres barriales de sensibilización y brigadas veterinarias comunitarias, enfatizando que la tenencia responsable constituye la principal herramienta para prevenir el abandono y erradicar cualquier manifestación de crueldad en las ciudades del país.
Rol de los municipios y fortalecimiento de albergues públicos
Los activistas han insistido ante el Concejo Cantonal de Machala en la urgencia de destinar partidas presupuestarias específicas para la construcción y mantenimiento de un centro municipal de bienestar animal que preste atención clínica gratuita y albergue temporal a perros y gatos rescatados de situaciones de vulnerabilidad extrema.
De igual forma, se plantea la obligatoriedad del registro e identificación mediante microchip de mascotas en el cantón, un mecanismo tecnológico que permite rastrear la propiedad de los animales y sancionar administrativamente a los dueños que los abandonen en la vía pública o los mantengan en condiciones indignas en azoteas y solares desolados.
Abogados animalistas señalaron que presentarán una acusación particular para vigilar que el proceso penal avance sin dilaciones, subrayando que la crueldad animal no puede ser tratada como una falta menor sino como un delito grave que fractura el tejido social y la convivencia pacífica en los barrios.
