- Un año y medio después de la aprobación de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos, el Gobierno expidió el reglamento que permitirá su aplicación.
- La normativa busca cerrar brechas en el sistema financiero y fortalecer la coordinación institucional para combatir delitos económicos.
- Uno de los principales cambios es la creación del Consejo Nacional de Coordinación de Lavado de Activos (CONCLAFT).
Un año y medio después de la aprobación de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos, el Gobierno expidió el reglamento que permitirá su aplicación. El documento consta de 85 artículos y siete disposiciones generales, y tiene como objetivo reforzar los mecanismos de control para detectar movimientos financieros ilícitos en el país.
La normativa busca cerrar brechas en el sistema financiero y fortalecer la coordinación institucional para combatir delitos económicos.
Creación del Consejo Nacional de Coordinación (CONCLAFT)
Uno de los principales cambios es la creación del Consejo Nacional de Coordinación de Lavado de Activos (CONCLAFT). Este organismo estará conformado por un delegado del presidente de la República, quien lo liderará.
El CONCLAFT tendrá la responsabilidad de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado para prevenir, detectar y combatir el lavado de activos, fortaleciendo así la respuesta estatal frente a este tipo de delitos.
UAFE podrá congelar transacciones sospechosas por 72 horas
El nuevo reglamento faculta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a inmovilizar fondos provenientes de transacciones sospechosas hasta por 72 horas.
Esta medida es de carácter excepcional, inmediata y cautelar. Durante ese tiempo, el sistema financiero nacional deberá cumplir con la disposición mientras se activan los mecanismos judiciales correspondientes. La finalidad es evitar que recursos presuntamente ilícitos sean retirados o transferidos antes de que intervenga la justicia.
Prohibición de pagos en efectivo superiores a USD 10 mil
La normativa también establece la prohibición de realizar transacciones en efectivo iguales o superiores a USD 10 mil. Con esta medida se busca reducir el riesgo de operaciones relacionadas con el lavado de dinero.
Además, se fijan controles más estrictos sobre los movimientos financieros de personas políticamente expuestas, consideradas de mayor riesgo dentro del sistema de prevención.
Fuente: Adriana Bermeo
Te puede interesar:
Miguel Montalvo asumió la presidencia de Barcelona SC tras la detención de Antonio Álvarez
