La empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, hizo pública una denuncia en la que señala al Gobierno del presidente Daniel Noboa de ejercer presiones sistemáticas a través de distintas instituciones del Estado, con el objetivo de afectar la independencia editorial de ambos medios de comunicación.
En un boletín difundido el 1 de enero de 2026, la compañía advierte que estas acciones pondrían en riesgo la libertad de expresión y de prensa en Ecuador, al buscar condicionar el trabajo periodístico de dos diarios críticos del poder político.
Investigación tributaria y cuestionamientos técnicos
Según GRANASA, en septiembre de 2025 tomó conocimiento, mediante publicaciones de terceros, de una investigación del Servicio de Rentas Internas relacionada con supuestas diferencias en el impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Estas observaciones estarían vinculadas a operaciones realizadas por algunos revendedores mayoristas de la empresa.
La editora señala que solicitó formalmente al SRI el acceso a los informes técnicos que sustentan el proceso, pero asegura que hasta la fecha no ha recibido la documentación completa. No obstante, indica que tres informes revisados revelaron inconsistencias metodológicas, especialmente en una fórmula matemática que habría inflado artificialmente la utilidad al sumar valores que debían restarse.
Declaraciones públicas y acción judicial
En el mismo periodo, la empresa cuestiona pronunciamientos realizados en redes sociales por el secretario de Integridad Pública y director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, José Julio Neira, a quien acusa de emitir juicios anticipados y sentencias públicas contra GRANASA.
Como respuesta, a finales de octubre de 2025, la compañía presentó una demanda por daño moral que aún estaría pendiente de calificación. Según la empresa, este proceso se desarrolla en un contexto que genera inquietud sobre la independencia del sistema judicial frente al poder Ejecutivo.
Respuestas a requerimientos y proceso en Fiscalía
GRANASA sostiene que ha atendido todos los requerimientos de información y reuniones solicitadas por el SRI, incluso aquellos que califica como inusuales, como la apertura simultánea de determinaciones tributarias de dos ejercicios fiscales consecutivos.
Además, informa que la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por un presunto delito de lavado de activos, que la empresa califica como inexistente, y que ya rindió su versión dentro de ese proceso.
Advertencia por intento de control accionario
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el supuesto intento de utilizar a la Superintendencia de Compañías para revertir la transferencia del 40 % de las acciones de GRANASA, realizada años atrás desde la empresa Veranera, actualmente en liquidación, a favor de Ingrid Martínez Leisker.
La Superintendencia argumentaría una falta de trazabilidad en dicha transferencia para intentar que ese paquete accionario regrese a la empresa en liquidación. Sin embargo, GRANASA señala que ya se habría designado un liquidador para administrar esas acciones, lo que considera una nueva forma de presión institucional.
Inspección y revisión de libros societarios
El 31 de diciembre de 2025, la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención de la Superintendencia de Compañías designó a una delegada para realizar una inspección en las oficinas de GRANASA en Guayaquil.
La diligencia incluía la revisión de libros de acciones, registro de accionistas y talonarios, pero no se concretó debido a la ausencia del representante legal, único custodio de esa información, según explicó la empresa.
Llamado a la comunidad internacional
Finalmente, GRANASA hizo un llamado a la comunidad internacional y a los gremios de medios de comunicación para que mantengan vigilancia sobre lo que considera un progresivo deterioro de la libertad de expresión en Ecuador.
La empresa reafirma que EXPRESO y EXTRA continuarán cumpliendo su rol de fiscalización del poder y de defensa del derecho ciudadano a estar informado, pese a lo que califica como una persecución política sostenida.
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