- Organizaciones chavistas y empleados públicos marcharon en Caracas contra el pacto petrolero con EE.UU.
- Los manifestantes tildaron el convenio energético de 25 años como lesivo para la soberanía nacional.
- La protesta coincidió con la exigencia de aumentos salariales ante un sueldo base de 130 bolívares.
- El acuerdo compromete campos con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles de crudo.
Sectores identificados con las bases del chavismo, agrupaciones sindicales del sector público y organizaciones de la izquierda tradicional venezolana se movilizaron este jueves 17 de septiembre de 2026 en las calles céntricas de Caracas para expresar su enérgico rechazo al acuerdo petrolero suscrito a finales de agosto entre la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el gobierno de los Estados Unidos, presidido por Donald Trump.
La concentración principal tuvo como epicentro los accesos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y se desplazó por los corredores de Plaza Venezuela, donde los manifestantes exhibieron pancartas con consignas contrarias a la injerencia norteamericana y calificaron el convenio comercial como «el peor contrato petrolero del mundo». El malestar social combina el reclamo patriótico de soberanía sobre los recursos del subsuelo con la profunda inconformidad salarial de la masa trabajadora del Estado.
Las condiciones del acuerdo energético por 25 años
El pacto bilateral, oficializado el 28 de agosto de 2026 tras meses de negociaciones secretas, tiene una vigencia proyectada de 25 años y persigue una meta de extracción superior a los 1,5 millones de barriles diarios de crudo extrapesado y liviano. De acuerdo con informes técnicos del sector, el convenio concede facultades de operación mayoritaria a consorcios internacionales como North American Blue Energy Partners (NABEP) sobre 17 campos estratégicos, los cuales abarcan reservas probadas por cerca de 65.000 millones de barriles, equivalentes a casi una quinta parte de los yacimientos del país.
Los colectivos movilizados argumentan que el acuerdo viola el marco de la Constitución venezolana al eludir la fiscalización de la Asamblea Nacional y revertir la política de nacionalización petrolera que caracterizó al oficialismo durante más de dos décadas. Este esquema de apertura energética hacia Washington contrasta con la presencia de figuras empresariales foráneas analizadas al revisar quién es Betancourt, el magnate petrolero de Trump en las negociaciones bilaterales.
El reclamo salarial de la clase trabajadora caraqueña
Junto a las proclamas de corte antiimperialista, la movilización canalizó una demanda urgente de reivindicación laboral. Los empleados públicos recordaron que el salario mínimo básico se mantiene congelado en 130 bolívares mensuales, una cantidad que al tipo de cambio oficial apenas equivale a unos 0,15 dólares estadounidenses, sumiendo a millones de familias en la precariedad extrema mientras se anuncian inversiones multimillonarias en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Dirigentes de partidos como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria Para Todos (PPT) y el Partido Socialismo y Libertad (PSL) cuestionaron que el Ejecutivo justifique la entrega de yacimientos bajo el argumento de financiar la paz y la reactivación económica, cuando los sueldos y las pensiones continúan destruidos por la hiperinflación. Esta fractura interna en el bloque gobernante ocurre en un clima institucional complejo, donde organismos como la ONU señalan que el aparato represivo sigue intacto ante la disidencia civil.
Vulneración constitucional y falta de consulta ciudadana
Portavoces jurídicos de la marcha señalaron que los artículos 302 y 303 de la Carta Magna venezolana consagran la reserva estatal sobre la industria petrolera por razones de conveniencia nacional. Cuestionaron que la transferencia de control operativo sobre bloques clave del lago de Maracaibo y del oriente del país se haya suscrito a espaldas del debate público y sin el aval de un referéndum consultivo. Para los sindicalistas petroleros, permitir que operadores extranjeros asuman el mando técnico en desmedro de la nómina de Petróleos de Venezuela (PDVSA) precariza la estabilidad laboral del gremio.
Debate político y tensiones en el movimiento oficialista
Mientras el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defienden el convenio energético como una medida pragmática indispensable para eludir el cerco económico internacional, las corrientes chavistas de izquierda acusan a la vicepresidencia de subordinar la soberanía popular a los intereses de las refinerías del Golfo de México. El debate sobre el crudo venezolano repercute en los equilibrios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde Caracas busca recobrar cuotas de exportación.
Las protestas en la capital venezolana reflejan un inédito desafío ideológico desde las propias bases del oficialismo, que ahora enarbolan consignas en las avenidas caraqueñas advirtiendo que la riqueza petrolera de la nación debe traducirse en salarios dignos, alimentación y soberanía constitucional, y no en contratos de concesión extractiva a largo plazo concedidos sin consulta popular.
