- Las autoridades de Perú investigan a diez adolescentes por una presunta agresión sexual cometida dentro de un bus escolar.
- La víctima es un estudiante de 16 años que cursa el cuarto año de secundaria en el Liceo Naval Almirante Guise de Lima.
- El hecho ocurrió el 15 de septiembre durante el traslado de los alumnos tras participar en un desfile escolar.
- La Fiscalía de Familia y unidades especializadas de la Policía Nacional intervienen bajo reserva estricta de ley.
Un grave caso de presunta violencia física y sexual al interior de un transporte escolar conmociona a la sociedad de Lima este 18 de septiembre de 2026. El Ministerio Público del Perú y brigadas especializadas de la Dirección de Investigación Criminal mantienen bajo indagación a diez estudiantes de secundaria. Los hechos denunciados se habrían perpetrado contra un compañero de aula de 16 años perteneciente al Liceo Naval Almirante Guise, prestigiosa institución educativa ubicada en el distrito limeño de San Borja y vinculada administrativamente a la Marina de Guerra del Perú.
De acuerdo con la información recabada por las autoridades judiciales en las primeras diligencias, el incidente se produjo la tarde del 15 de septiembre de 2026. El contingente de estudiantes regresaba a la sede del colegio a bordo de un autobús escolar institucional tras haber intervenido en un desfile cívico estudiantil organizado en la capital. Durante el trayecto vehicular, un grupo de alumnos habría sometido por la fuerza al adolescente en los asientos posteriores de la unidad de transporte.
Denuncia familiar y diligencias periciales de criminalística en San Borja
La familia de la presunta víctima conoció lo ocurrido al día siguiente, el 16 de septiembre, luego de que el menor presentara un severo cuadro de afectación emocional y lesiones físicas visibles. Los progenitores acudieron de inmediato a la comisaría del sector de Chacarilla del Estanque para formalizar la denuncia penal correspondiente ante los oficiales de turno. Posteriormente, peritos del Instituto de Medicina Legal trasladaron al estudiante para practicarle los exámenes periciales médico-legales y psicológicos que exige el protocolo forense.
Efectivos de la Policía Nacional del Perú ingresaron a las instalaciones del Liceo Naval para coordinar la identificación de los estudiantes señalados en la investigación. En un inicio, los reportes institucionales mencionaron la retención provisional de doce menores de edad, pero tras las primeras declaraciones tomadas en presencia de fiscales de familia, la nómina investigada se delimitó a diez alumnos. Por tratarse de personas menores de edad protegidas por el Código de los Niños y Adolescentes, las identidades de todos los implicados permanecen bajo estricta reserva judicial.
Los adolescentes fueron trasladados a una sede policial especializada de protección de la infancia para rendir sus versiones preliminares en compañía de sus padres y defensores legales. Concluida esa etapa inicial de reseña, los jóvenes fueron devueltos a la custodia de sus familias mientras continúa el plazo de diligencias urgentes otorgado por la Fiscalía Provincial de Familia de Lima.
Pronunciamiento de las autoridades educativas y navales
El caso provocó una enérgica reacción de las autoridades educativas del Ministerio de Educación del Perú, que dispuso el envío inmediato de comisiones multidisciplinarias de convivencia escolar y soporte socioemocional al plantel. Por su parte, la Dirección del Liceo Naval emitió un comunicado oficial expresando su total disposición a colaborar con las pesquisas y asegurando que aplicará las medidas disciplinarias internas más rigurosas que contempla el reglamento escolar.
La opinión pública en Lima ha cuestionado la falta de supervisión de adultos responsables o tutores en el interior del autobús durante el traslado de los menores. Colectivos de padres de familia exigieron revisar los protocolos de seguridad y custodia en los recorridos escolares para garantizar la integridad de los estudiantes.
El seguimiento judicial a casos que vulneran los derechos fundamentales de personas vulnerables genera alta atención en la región, tal como se refleja en el ámbito internacional cuando un presunto autor de homicidios cayó en Paraíba Brasil tras confesar crímenes. De igual forma, las demandas por esclarecimiento de responsabilidades históricas y penales continúan presentes en los tribunales, como demostró la reapertura en Estados Unidos del caso judicial sobre el Palacio de Justicia.
La Fiscalía de Familia dispone de un plazo reglamentario para emitir su informe de conclusiones y formalizar la demanda de infracción a la ley penal ante los jueces de menores, quienes definirán las medidas socioeducativas aplicables.
