La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició el trámite del juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El proceso avanza en medio de tensiones políticas y con una decisión clave: la mayoría oficialista limitó la incorporación de nuevas pruebas solicitadas por la Revolución Ciudadana.
Cinco asambleístas correístas impulsaron la interpelación por presunto incumplimiento de funciones. Las acusaciones se relacionan con supuestas presiones dentro de la Función Judicial en casos de alto impacto.
Mario Godoy deberá comparecer ante la Comisión para ejercer su defensa. El Pleno conocerá hasta el 20 de febrero de 2026 si el funcionario se mantiene o no en el cargo.
La Comisión limita las pruebas del correísmo
Antes de la comparecencia de Godoy, el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, convocó a una sesión extraordinaria. En ella se analizó el pedido del correísmo para incluir ocho nuevas pruebas en el expediente.
La bancada de Acción Democrática Nacional y sus aliados aceptaron solo dos. Argumentaron que las restantes no guardaban relación directa con los hechos descritos en la solicitud presentada en diciembre de 2025.
Según el oficialismo, incorporar nuevas evidencias podría afectar el derecho a la defensa. Afirmaron que algunos hechos no constaban en la acusación inicial.
El caso del pendrive y la jueza Nubia Vera
Entre las pruebas rechazadas constan los audios y videos certificados de la sesión de la Comisión de Justicia del 26 de diciembre de 2024, en la que la jueza Nubia Vera aseguró que recibió un pendrive con insumos para una sentencia elaborada por funcionarios de la Judicatura.
Los acusadores sostienen que este hecho compromete directamente a Godoy, pero la Comisión consideró que dicha evidencia pudo ser presentada desde el inicio del proceso y no justificaba su incorporación tardía.
Audios aceptados y denuncias que quedaron fuera
La Comisión sí aceptó un audio difundido en redes sociales en el que María José Guadamud, exesposa de Roger Tumalli, señala que fue él quien redactó una sentencia que luego habría sido entregada por Godoy a la jueza Nubia Vera.
También se incluyó como prueba la intervención de Mario Godoy durante una sesión del Pleno de la Asamblea realizada el 5 de enero de 2025.
En contraste, se negó la incorporación de las alertas emitidas por Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, quien denunció haber sido dejada sin protección frente a amenazas del crimen organizado y por ello tuvo que salir del país a inicios de 2025.
Tensiones políticas y el factor votos
Las decisiones de la Comisión generaron fuertes críticas desde la Revolución Ciudadana. El asambleísta Luis Fernando Molina acusó al oficialismo de usar todos los recursos posibles para proteger a Godoy y desestimar denuncias graves.
Para lograr la censura y destitución del presidente del Consejo de la Judicatura se requieren 101 votos en el Pleno. Actualmente, el correísmo cuenta con 68 apoyos confirmados, lo que lo deja a 33 votos de alcanzar el objetivo, una cifra que solo podría lograrse con una ruptura parcial dentro de ADN.
Este dato convierte al juicio político en una disputa clave no solo jurídica, sino también política, donde el equilibrio de fuerzas será determinante para el desenlace.
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