La madrugada del 12 de noviembre, un nuevo enfrentamiento entre bandas criminales en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta de Ecuador, dejó 15 reclusos muertos y 14 heridos, evidenciando la crisis carcelaria que enfrenta el país. A pesar de que el centro penitenciario se encuentra bajo control de las Fuerzas Armadas, la militarización no logró evitar esta tragedia.
Violencia en medio de la militarización
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó el enfrentamiento y la cantidad de fallecidos y heridos. Según la entidad, el “Bloque de Seguridad” actuó de inmediato para retomar el control del pabellón afectado e inició un operativo de requisa a gran escala, con el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas, para asegurar el área y evitar más actos de violencia.
La periodista Karol Noroña, especializada en temas de seguridad, señaló que este nuevo acto violento coincide con el tercer aniversario de una de las masacres más graves en Ecuador, ocurrida en 2021, en la que murieron 65 personas. Noroña también informó que entre las víctimas hay un reo desmembrado y que el enfrentamiento tuvo lugar en el pabellón 3, donde están recluidas bandas criminales como Los Duendes, Mafia 18 y Trébol Killer.
La crisis carcelaria en cifras
Ecuador enfrenta una grave crisis en su sistema penitenciario. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH) ha registrado 591 muertes en cárceles entre 2018 y 2022, de las cuales el 76% fueron por asesinatos en enfrentamientos entre bandas. Se estima que la cifra de presos asesinados en los últimos años supera los 600, reflejando un colapso del sistema de seguridad en las prisiones.
En su informe de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que las cárceles ecuatorianas presentan condiciones inhumanas y degradantes, violando los derechos fundamentales de los reclusos. Este organismo señaló que el Estado no ha implementado medidas efectivas para reducir la violencia dentro de los centros penitenciarios.
Las prisiones como la Penitenciaría del Litoral son centros de operación del crimen organizado
Las cárceles de Ecuador se han convertido en espacios de operación para grupos criminales. Varios atentados que han cobrado la vida de funcionarios del sistema penitenciario han sido organizados desde el interior de las prisiones, evidenciando que estos centros no sólo albergan reclusos, sino que también son sitios donde el crimen organizado gestiona sus actividades. Pese a la militarización, se han denunciado actos de tortura, falta de alimentación y abusos dentro de las cárceles, lo que ha generado críticas sobre la efectividad de esta medida.
Condiciones precarias y denuncias internacionales
La precarización en las cárceles ha sido objeto de constantes denuncias por organismos internacionales. Un informe del Comité de la ONU reveló que los reclusos en Ecuador enfrentan serias deficiencias en alimentación, acceso a agua y atención médica, además de condiciones insalubres y falta de seguridad para grupos vulnerables como mujeres, personas LGBTI, personas con discapacidades y adultos mayores. Estas carencias han aumentado la tensión dentro de los centros, dificultando aún más la rehabilitación y la reinserción de los presos.
Propuesta de reforma constitucional de Daniel Noboa
Frente a este escenario, el presidente Daniel Noboa ha anunciado una reforma parcial a la Constitución, proponiendo eliminar la categoría de “grupos de atención prioritaria” para las personas privadas de libertad. La propuesta busca modificar los artículos 35 y 51 de la Constitución con el argumento de “justicia e igualdad” en la distribución de recursos del Estado, especialmente en el ámbito penitenciario.
Sin embargo, esta iniciativa ha despertado preocupación en materia de derechos humanos. Algunos abogados y analistas consideran que la reforma es una medida regresiva que contradice tanto principios constitucionales como compromisos internacionales asumidos por Ecuador, ya que podría limitar aún más los derechos de los reclusos en un sistema penitenciario ya saturado y deshumanizado.
Un reto constante para el Estado ecuatoriano
La reciente masacre en la Penitenciaría del Litoral pone nuevamente en evidencia la fragilidad del sistema penitenciario en Ecuador y plantea serios cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora para controlar la violencia en las cárceles. La situación exige una respuesta integral del Estado ecuatoriano, que incluya no sólo control y seguridad, sino también mejoras en las condiciones de vida de los internos y en los programas de rehabilitación.
La crisis carcelaria sigue siendo uno de los retos más grandes para el gobierno de Daniel Noboa, y la comunidad internacional continúa atenta a las acciones que se tomen para garantizar los derechos humanos en las prisiones del país.
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