La puesta en marcha de la megacárcel conocida como Encuentro, uno de los proyectos emblemáticos del presidente Daniel Noboa, ha transformado de manera drástica la vida de comunidades rurales en la provincia de Santa Elena. Lo que fue presentado como un eje central de la estrategia de seguridad del Gobierno hoy es denunciado por líderes comunitarios como una fuente de daño ambiental, restricción de derechos y militarización del territorio.
La cárcel se levanta a pocos metros de comunas históricas cuyos habitantes han protegido por generaciones bosques, ríos y caminos ancestrales. Desde el inicio de su construcción y posterior operación, el entorno natural y social de la zona ha cambiado de forma irreversible.
Un territorio comunitario convertido en zona restringida
Parte del complejo penitenciario fue construido sobre tierras comunales ubicadas en las faldas de la cordillera Chongón-Colonche. Se trata de un área que albergaba bosques de ceibos y fauna endémica, y que hasta hace poco permanecía libre de intervenciones de gran escala.
Con la llegada de patrullas militares y policiales, los comuneros han visto restringido su derecho a circular por caminos que históricamente conectaban a varias comunidades. Controles, requisas y prohibiciones de tránsito se han vuelto parte de la rutina diaria, incluso para quienes se dirigen a sus fincas o intentan documentar el estado de los ríos cercanos.
Militarización y miedo en la vida cotidiana
Desde el traslado de los primeros presos, la presencia militar se intensificó en la zona. Tanquetas, patrullas armadas y controles corporales generan temor entre los habitantes, especialmente en adultos mayores y mujeres. Para muchos, la sensación de seguridad prometida por el Gobierno se tradujo en una pérdida de tranquilidad y libertad.
Los comuneros relatan revisiones constantes, vigilancia permanente y advertencias para no transitar por ciertas rutas, lo que ha fracturado la dinámica social y comunitaria que por décadas caracterizó a estas poblaciones rurales.
Impacto ambiental: ríos contaminados y bosques talados
La construcción de la megacárcel implicó la tala de al menos 16 hectáreas de bosque y la modificación de la geografía local, incluyendo el aplanamiento de un cerro. A esto se suma la denuncia más grave de las comunidades: la contaminación del río que abastecía de agua a miles de personas.
Habitantes de la comuna de Don Lucas aseguran que aguas residuales del centro penitenciario han llegado al cauce, generando malos olores, presencia de desechos fecales y afectaciones a la salud. En una zona sin agua potable ni alcantarillado, el río era una fuente esencial para el consumo, la higiene y la vida comunitaria.
Un daño advertido y aún sin respuesta efectiva
Organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil alertaron desde el inicio sobre los riesgos ambientales de una megaobra de este tipo. Según sus denuncias, no se implementaron sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales ni planes efectivos de manejo de desechos.
El organismo prepara nuevas acciones legales para exigir al Estado la reparación inmediata del daño ambiental. Sin embargo, para muchos comuneros el perjuicio ya está hecho: el río está contaminado, los caminos cerrados y la convivencia pacífica alterada por la presencia permanente de fuerzas armadas.
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