Resolución judicial confirma medida cautelar
Este jueves 11 de junio, la jueza Andrea Ordóñez, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, emitió una decisión definitiva: niegan caución a Aquiles Alvarez y mantienen la prisión preventiva en su contra dentro del denominado caso Grillete. La instancia judicial desestimó la solicitud presentada por su defensa, que buscaba sustituir la medida de privación de libertad por una garantía económica, argumentando que el pago de una fianza sería suficiente para asegurar su comparecencia en todas las etapas del proceso penal.
Durante la audiencia, los abogados del alcalde de Guayaquil presentaron un total de once documentos para respaldar su petición. Entre estos materiales se incluían certificados de estado civil, partidas de nacimiento de sus tres hijos, registros de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), constancias de residencia en una urbanización de Samborondón y certificaciones que detallan su situación procesal actual. A pesar de esta amplia documentación, la autoridad judicial determinó que no existen razones suficientes para modificar la medida cautelar vigente.
Para entender el alcance de esta resolución, es necesario recordar los antecedentes del caso Grillete. La investigación inició tras un operativo policial realizado el 10 de febrero de 2026 en el domicilio del funcionario. En ese momento, según informes oficiales, se constató que Aquiles Alvarez no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido asignado previamente, lo que derivó en la formulación de cargos por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Este hecho constituye el eje central del proceso que hoy lo mantiene privado de libertad.
Argumentos y reacciones frente a la negativa
La resolución ha generado diversas posturas dentro del ámbito jurídico y público. Uno de los comentarios más destacados provino de un miembro de su equipo legal, quien expresó su desacuerdo en redes sociales. Según su declaración, la jueza reconoció que se cumplieron todos los criterios de admisibilidad establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para acceder a la caución, pero aun así decidió rechazar la solicitud. El profesional calificó la determinación como un acto de prevaricato, al considerar que se aparta de lo que establece la normativa vigente.
Por otra parte, esta no es la primera vez que la defensa obtiene un resultado adverso en relación con la medida cautelar. El pasado 20 de mayo, un tribunal superior ya había rechazado una apelación presentada por su equipo, confirmando la prisión preventiva. En aquella ocasión, los jueces analizaron informes técnicos de monitoreo que registraban múltiples alertas por la remoción del dispositivo electrónico, además de los testimonios de los agentes que participaron en el allanamiento. Estos elementos fueron determinantes para sostener que existía riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.
Es importante mencionar que niegan caución a Aquiles Alvarez representa solo uno de los obstáculos legales que enfrenta actualmente. El caso Grillete es solo uno de los tres procesos judiciales abiertos en su contra. Paralelamente, se desarrolla el caso Triple A, que se encuentra en etapa de juicio y donde se investigan presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles. También está el caso Goleada, una causa compleja por presunto lavado de activos, en la que la Fiscalía indaga una supuesta estructura empresarial y familiar vinculada a operaciones financieras irregulares.
Situación procesal actual y perspectivas
Con la decisión tomada este 11 de junio, la situación del alcalde de Guayaquil se mantiene sin cambios sustanciales. Al niegan caución a Aquiles Alvarez, la autoridad judicial confirma que la medida de prisión preventiva sigue siendo la vía adecuada para garantizar el desarrollo de la investigación y el juicio correspondiente. Mientras tanto, su defensa deberá evaluar las alternativas legales disponibles para impugnar la resolución, aunque hasta el momento los recursos presentados no han tenido éxito.
El avance de estos procesos marca un capítulo relevante en la justicia ecuatoriana, dado que involucra a una autoridad electa y aborda temas sensibles como el cumplimiento de medidas judiciales, el control de activos y la transparencia en actividades comerciales. Cada una de estas causas sigue su curso independiente, y las determinaciones que se tomen en el caso Grillete podrían tener influencia en el desarrollo de las otras dos investigaciones. Por ahora, la permanencia del funcionario en el centro de reclusión está confirmada, y deberá esperar dentro del sistema penitenciario mientras se resuelve su situación jurídica definitiva.
Fuente: El Universo
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