La investigación sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio ha revelado datos trascendentales sobre la ruta que habría seguido el dinero con el que se pagó el crimen. Según el informe de 1.126 páginas elaborado por la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía General (UNIF), los autores intelectuales del asesinato del político habrían reunido un millón de dólares para financiar la acción delictiva. Este documento, que forma parte del expediente del caso Magnicidio FV, detalla quiénes habrían aportado los recursos y hacia dónde se canalizó cada parte de ese monto millonario.
En esta causa penal se busca determinar la responsabilidad de todos los involucrados en el hecho ocurrido el 9 de agosto de 2023. En ese momento, Villavicencio desarrollaba su campaña presidencial en las elecciones anticipadas, convocadas tras la figura de la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso. Dicho suceso conmocionó al país y generó una investigación exhaustiva que ha permitido reconstruir la estructura criminal detrás del ataque.
Actualmente, hay siete personas sometidas a proceso judicial. Se trata de Xavier Jordán, investigado también en el caso Metástasis; el exministro del Interior, José Serrano, vinculado al movimiento correísta; el exlegislador Ronny Aleaga, también ligado a esa corriente política; Daniel Salcedo, sentenciado previamente por delitos de corrupción en sectores judiciales y de salud; y tres cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Lucho. Todos ellos son señalados como parte de la organización que ideó y financió el ataque.
Estructura criminal y origen de los fondos
Con base en versiones y testimonios rendidos bajo juramento, la Policía explica en su informe que para la ejecución del crimen se conformó una compleja estructura criminal. En este esquema, los procesados Daniel Salcedo, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y José Serrano habrían sido las personas encargadas de recaudar y administrar el millón de dólares destinado al asesinato de Fernando Villavicencio. Asimismo, se indica que ese mismo grupo tenía contemplado usar recursos para atentar también contra la exfiscal general del Estado, Diana Salazar.
Para llevar a cabo el plan, se estableció un nexo directo con los máximos líderes del GDO Los Lobos. Estos, a su vez, habrían dado la orden a Carlos Angulo Lara, alias Invisible, para que organizara la ejecución material. Contaron con el apoyo del GDO Los Colombianos, una agrupación que responde al Frente Oliver Sinisterra, integrado por disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A estos grupos armados se les habría entregado una suma de 500.000 dólares como pago por su participación.
La ruta detallada del dinero con el que se pagó el crimen
El expediente detalla paso a paso el recorrido de los fondos, lo que permite entender cómo se movieron los recursos económicos hasta llegar a los responsables materiales.
- Primera etapa: recepción y entrega inicialDaniel Salcedo habría recibido el millón de dólares de los presuntos financistas del crimen y lo entregó a Julio Sánchez Salavarría, alias Sianca, quien actuaba como encargado de las finanzas del GDO Los Lobos. Como antecedente relevante, en 2022, un año antes del crimen, Salcedo ya había recibido 20.000 dólares del fallecido narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón. Ese dinero se destinó a realizar los primeros seguimientos a Villavicencio, y según los registros, Norero indicó que ese trabajo era por encargo de Xavier Jordán. Tras la muerte de Norero ese mismo año, la actividad quedó suspendida temporalmente, según se desprende de los chats analizados en el caso Metástasis, investigación por delincuencia organizada.
Alias Sianca tenía antecedentes penales graves: contaba con dos condenas por asesinato, una por la muerte del general de la Fuerza Aérea Jorge Gabela y otra por el crimen del policía Christian Cuñez. Inicialmente recibió 25 años de prisión por cada delito, penas que luego se unificaron en 35 años. Estaba recluido en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y había solicitado beneficios penitenciarios que nunca se aprobaron. Falleció en octubre de 2023, dos meses después del magnicidio, por causas que se registraron como paro cardiorrespiratorio.
Más detalles
- Segunda etapa: traspaso a líderes delictivosPosteriormente, alias Sianca entregó el dinero a Patricio Hermosa, Juan Pablo Jaramillo y a Luis Arboleda, alias Gordo Lucho. Estos, a su vez, transfirieron los recursos a delegados del Frente Oliver Sinisterra en la ciudad de Cali, Colombia, consolidando la conexión internacional del plan criminal.
- Tercera etapa: contratación de enlaces y movilizaciónUn individuo conocido como alias Zeus, recluido en la cárcel de Latacunga en ese entonces, fue contratado para establecer contacto con los integrantes del GDO Los Colombianos. Estos ingresaron al país por la frontera norte y se alojaron en una vivienda al sur de Quito, donde recibieron una suma de 60.000 dólares para cubrir gastos y pagos iniciales.
- Cuarta etapa: ejecución y detenciónLos gatilleros cumplieron el ataque la tarde del 9 de agosto de 2023 y fueron detenidos pocas horas después. En el operativo, uno de ellos perdió la vida, mientras que otros cinco fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral. Días después, recibieron la visita de Andrew Scott Pickle, agente del FBI que colaboró en la investigación, y de miembros de la Policía.
El informe señala que los procesados actuaron como mentalizadores del plan, con la intención expresa de no dejar rastro ni prueba que pudiera vincularlos. Además, se indica que la ejecución contó con el conocimiento del director del centro carcelario en ese momento, Ronald Sánchez Loaiza, quien habría recibido 150.000 dólares por permitir acciones dentro del recinto penitenciario.
Declaraciones que confirman la ruta del dinero con el que se pagó el crimen
El testimonio anticipado de José Patricio Aguas Muñoz, pareja de Laura Castillo, alias la Flaca —sentenciada como autora material—, aporta detalles adicionales. El 5 de agosto de 2023, un individuo llamado alias Colombia le invitó a participar como apoyo en una acción contra un político, oferta que él rechazó. En conversaciones posteriores, su pareja mencionó que se buscaría a otras personas, pues los primeros contactados mostraron temor.
Darío Suárez, alias Chino Honda, quería asumir el liderazgo del ataque, pero desconocía el monto del pago. Según lo que contó Aguas, Suárez indicó que solo se arriesgaría por dinero, pues no pondría en riesgo a su familia sin una compensación económica justa. El 8 de agosto, días antes del hecho, Castillo comentó que se manejarían 300 dólares para gastos de transporte y estancia, recursos que provendrían desde la cárcel de Latacunga.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para este caso está programada para el próximo 19 de junio, en las instalaciones del Complejo Judicial Norte, en Quito. Allí se presentarán todas estas pruebas y detalles sobre la ruta del dinero con el que se pagó el crimen, para avanzar hacia la definición de responsabilidades penales.
Fuente: El Universo
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