La Fiscalía General del Estado y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) detallan cómo funcionó una presunta red empresarial que habría desviado combustible subsidiado, provocando un perjuicio económico al Estado calculado en 62 millones de dólares. Las entidades señalan que empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia, constituyeron una estructura organizada para mover hidrocarburos entre sectores regulados y no regulados, aprovechando diferencias de precio y beneficios estatales. Estas operaciones son el eje central del caso Triple A, proceso que ya se encuentra en etapa de juicio, y que dio origen también al denominado caso Goleada, actualmente en fase de instrucción fiscal.
Estructura empresarial y ámbito de operación
Según la información oficial, el alcalde y su familia figuraban como accionistas de cuatro comercializadoras principales, cada una enfocada en un segmento específico del mercado de hidrocarburos. Se trata de Copedesa S. A., dedicada al abastecimiento automotriz; Corpalubri S. A. e Indudiesel S. A., orientadas al sector industrial; y Ternape S. A., encargada del rubro naviero nacional e internacional. Cada una contaba con instalaciones propias, estaciones de servicio, depósitos o centros de distribución, ubicados en zonas geográficamente estratégicas, especialmente en provincias fronterizas o de alto tránsito comercial.
Por ejemplo, Copedesa gestionaba puntos de venta en El Oro, Loja, Zamora Chinchipe y Guayas, con estaciones como Buenavista, Araujo, La Chica, Espíndola y Zambrano, además de operadores asociados como Felcorp. Por su parte, Corpalubri contaba con depósitos industriales en las mismas zonas, incluyendo el complejo Buenavista —compartido en ubicación con instalaciones de Copedesa, pero con fines distintos—, el depósito Zambrano y las instalaciones de Indudiesel en la provincia del Guayas. En el caso de Ternape, sus operaciones se concentraban en Manabí, a través de centros llamados Corpalva Naviero Nacional y Corpalva Internacional, diseñados para atender embarcaciones y movimientos portuarios.
Esta distribución geográfica y la vinculación común entre todas las empresas permitieron a la ARCH establecer una trazabilidad detallada de los flujos de combustible, revelando conexiones directas entre compañías que, aunque formalmente separadas, respondían a los mismos intereses económicos.
Modus operandi del presunto desvío ilegal de combustible
El esquema detectado se basaba en una ruptura deliberada de las reglas del mercado de hidrocarburos, tal como lo sostiene la Fiscalía. Las empresas vinculadas a Alvarez adquirían volúmenes importantes de combustible subsidiado por el Estado, destinado legalmente a los sectores automotriz y naviero nacionales, donde el precio final es menor gracias al apoyo estatal. Sin embargo, en lugar de comercializarlo en esos segmentos autorizados, el producto era reorientado hacia otros mercados con mayor rentabilidad.
Copedesa, por ejemplo, registraba compras y facturación de diésel en cantidades que superaban ampliamente su capacidad física de almacenamiento, lo que indica que el combustible no permanecía en sus instalaciones, sino que se trasladaba rápidamente a otras compañías del grupo. Los destinos principales eran Corpalubri e Indudiesel, empresas del sector industrial que no reciben subsidios estatales. Allí se contabilizó la venta de más de 14,9 millones de galones de origen no justificado a clientes sin autorización legal para recibir este tipo de producto subsidiado.
Por otro lado, Ternape cumplía una función clave en el ámbito marítimo: movilizó cerca de 5,5 millones de galones de combustible subsidiado hacia embarcaciones de bandera extranjera, cuando la normativa solo permite su uso en naves de registro nacional. Complementaba estas acciones la empresa Gas Groupco, operadora de estaciones en zonas fronterizas, que facilitaba el tránsito y la entrega de estos productos fuera de los marcos legales establecidos.
El beneficio económico del esquema radicaba en la diferencia de precio: mientras el Estado cubre un subsidio superior a un dólar por galón en los sectores autorizados, al venderlo en el mercado industrial o internacional sin subsidio, el grupo empresarial obtenía una ganancia extra por cada unidad comercializada, sin devolver al Estado el valor del apoyo económico recibido.
Consecuencias legales y desarrollo de los procesos
Como resultado de estas investigaciones, la Fiscalía ha formulado cargos por delitos relacionados con el manejo irregular de derivados del petróleo contra 16 personas naturales y seis empresas. Entre los implicados figuran Aquiles Alvarez, actualmente con prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro; sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez; y su primo Fernando Viteri, quien mantiene condición de prófugo con orden de captura vigente.
El caso Triple A se encuentra en etapa de juicio, bajo la competencia del Tribunal Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Jorge Sánchez, Clara Elizabeth Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata. Paralelamente, el caso Goleada —considerado una extensión de la investigación inicial— avanza de manera independiente, centrado en delitos de lavado de activos, delincuencia organizada y defraudación tributaria. En este proceso se investiga también a familiares directos del alcalde, entre ellos su esposa Fiorella Icaza y su madre Gioconda Henriques.
Teoría jurídica
Según la teoría jurídica, los recursos obtenidos por el presunto desvío ilegal de combustible habrían sido canalizados hacia la creación de empresas de fachada en Panamá, utilizadas para simular contratos, ocultar ingresos y aparentar gastos legítimos, con el fin de blanquear el dinero generado en las operaciones irregulares.
Por su parte, la ARCH reafirma que la defensa de los procesados intenta minimizar la gravedad de los hechos, restando importancia al manejo indebido de recursos estratégicos del Estado y al abuso de los sistemas de subsidio, aspectos que la institución considera fundamentales para determinar la responsabilidad tanto administrativa como penal de los involucrados. Hasta el momento, las autoridades continúan recabando pruebas y declaraciones para sustentar la acusación y demostrar ante la justicia el funcionamiento completo de esta presunta red de comercialización irregular.
Fuente: El Universo
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