El Gobierno de Daniel Noboa apuesta por una combinación de impulso minero y ajuste fiscal para estabilizar la economía en 2026. La estrategia surge en un contexto de bajo crecimiento, elevado endeudamiento público y limitado acceso a financiamiento externo.
Un informe de la banca estadounidense JP Morgan advierte que el país enfrenta “cuellos de botella estructurales” que comprometen la sostenibilidad fiscal y restringen su potencial de desarrollo. Ante este panorama, el Ejecutivo busca aumentar ingresos y contener el gasto corriente.
La minería como pilar de ingresos en 2026
El sector minero es considerado por el Gobierno como una nueva columna vertebral de la economía ecuatoriana. Según el análisis citado, las exportaciones mineras podrían superar los 3.000 millones de dólares en 2026, convirtiéndose en una fuente clave de divisas.
Para acelerar ese proceso, el Ejecutivo envió a la Asamblea una ley económica urgente que incluye:
- Modernización de permisos ambientales
- Agilización de aprobaciones de proyectos
- Mayor seguridad jurídica para inversionistas
- Ampliación de periodos de exploración
- Creación de “clusters mineros” con infraestructura concentrada
- Medidas contra la minería ilegal
El objetivo es destrabar inversiones que permanecían paralizadas y generar un entorno más competitivo para atraer capital.
Regalías y desarrollo local para reducir conflictos
Uno de los ejes más sensibles es garantizar que los beneficios de la minería lleguen directamente a las comunidades. El Gobierno propone que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de sus presupuestos a inversión e infraestructura hasta 2029.
En caso de incumplimiento, las transferencias desde el Presupuesto General del Estado se reducirían al mínimo constitucional. Según el informe de JP Morgan, la meta es mejorar la eficiencia del gasto público y asegurar que las regalías mineras se traduzcan en obras visibles como carreteras, hospitales, agua potable y escuelas.
Con esta medida se busca reducir la conflictividad social asociada a proyectos extractivos y fortalecer la legitimidad de la actividad minera como motor de desarrollo territorial.
Ajuste fiscal para contener el gasto corriente de la falta de liquidez
Paralelamente al impulso minero, el Ejecutivo plantea un ajuste fiscal orientado a reducir el gasto corriente y fortalecer las finanzas públicas. La combinación de mayores ingresos por exportaciones y disciplina en el gasto pretende sostener la estabilidad macroeconómica en un escenario complejo.
La estrategia es considerada de alto impacto y también de alto riesgo, ya que depende de la rapidez con la que se concreten inversiones y se mantenga la estabilidad política y regulatoria.
Energía: condición clave para el crecimiento de la falta de liquidez
El informe también señala que la crisis energética es una de las principales barreras para el crecimiento. Ecuador enfrenta un déficit de generación cercano a 866 megavatios, situación que ha provocado apagones y afectado la actividad productiva.
Por ello, la ley económica urgente impulsa la participación privada en proyectos eléctricos y obliga a nuevos desarrollos mineros a generar su propia energía. Además, amplía las condiciones para delegar proyectos eléctricos al sector privado, especialmente en contextos de emergencia.
La autosuficiencia energética es vista como un requisito indispensable para atraer inversiones y sostener la expansión de sectores estratégicos.
Fuente: La Hora
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