- La Asamblea Nacional estructuró una comisión ocasional para vigilar las obras de mitigación por El Niño.
- El oficialismo ADN logró cinco de las siete vocalías, dejando a la Revolución Ciudadana con un solo asiento.
- La moción de ADN ingresó primero en el sistema parlamentario y desplazó la nómina inicial de Viviana Veloz.
- El régimen de Daniel Noboa reportó USD 650 millones invertidos y 1.429 albergues habilitados en el país.
El escenario político del Parlamento ecuatoriano vivió un nuevo episodio de confrontación entre el oficialismo y la oposición durante la sesión del 17 de septiembre de 2026. La Asamblea Nacional formalizó la creación de una Comisión Especial Ocasional dedicada a supervisar las políticas públicas frente al fenómeno de El Niño. Aunque la iniciativa surgió desde las filas de la Revolución Ciudadana (RC), la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) se impuso estratégicamente al colocar a cinco de sus legisladores en la nómina final de siete integrantes.
La asambleísta correísta Viviana Veloz impulsó la creación de este equipo multipartidista bajo el argumento de que la amenaza climática incide sobre múltiples sectores vitales. Veloz advirtió ante sus colegas que las inundaciones y deslaves impactan severamente en la producción agropecuaria, los servicios hospitalarios, los planteles escolares y la estabilidad económica de los gobiernos locales. A su criterio, mantener el control fiscalizador disperso en varias comisiones permanentes restaría eficacia a las labores de control político.
Controversia reglamentaria y choque de mociones
La pugna se desató al momento de designar a los asambleístas que integrarían la nueva mesa técnica. La Revolución Ciudadana pretendía incluir cuadros de fuerte confrontación política, proponiendo a Verónica Íñiguez, quien preside la Comisión de Garantías Constitucionales y ha mantenido choques públicos con voceros gubernamentales. No obstante, ADN objetó el enfoque opositor, señalando que la mesa técnica no debía utilizarse como plataforma partidista de cara al calendario electoral.
Desde el bloque de Gobierno, la legisladora Grace Suárez defendió el despliegue preventivo coordinado por la Secretaría de Gestión de Riesgos y el mandato emitido por la Presidencia de la República. Suárez enfatizó que el presidente Daniel Noboa declaró de máxima prioridad nacional la protección de las poblaciones costeras y ribereñas, canalizando recursos urgentes hacia las entidades operativas.
De acuerdo con las cifras oficiales presentadas en el hemiciclo, el Gobierno movilizó USD 650 millones hacia contratos de dragado, refuerzo de muros de contención y adquisición de ayuda humanitaria. El plan estatal contempla 161 planes cantonales de contingencia, la activación permanente de comités de emergencia y el acondicionamiento de 1.429 albergues temporales con capacidad técnica para cobijar a más de 190.000 personas en caso de desalojos forzados por inundaciones fluviales o deslizamientos de tierra.
Mayoría oficialista y composición de la mesa de trabajo
La votación decisiva se inclinó a favor de ADN gracias a la agilidad administrativa de Grace Suárez, cuya moción fue registrada en el sistema del Pleno segundos antes que la propuesta del correísmo. Al ser sometida a votación en primer término según el reglamento legislativo, la propuesta gubernamental captó los votos de bancadas afines e independientes, bloqueando la nómina alterna impulsada por la oposición.
De esta manera, la Comisión Ocasional para el Fenómeno de El Niño quedó estructurada con una amplia mayoría del oficialismo:
- Andrés Castillo (ADN).
- Mario Zambrano (ADN).
- Karolina Dueñas (ADN).
- Milton Aguas (ADN).
- Glenda Imaicela (ADN).
- Marcia Ortiz (Revolución Ciudadana).
- Carlos Pulley (Partido Social Cristiano).
Esta correlación de fuerzas otorga a ADN el mando absoluto para elegir a las autoridades de la mesa, fijar el cronograma de trabajo y marcar el ritmo de las comparecencias de funcionarios estatales. La tensión política en el Parlamento se suma a otros debates de alto voltaje sobre seguridad y derechos ciudadanos, en los que el Pleno respalda protección a menores tras caso en Guasmo Sur.
La fiscalización parlamentaria pondrá especial énfasis en la transferencia oportuna de recursos hacia las prefecturas y municipios costeros. Varios alcaldes de la cuenca baja del río Guayas han denunciado demoras en la entrega de partidas presupuestarias extraordinarias para la limpieza preventiva de canales, ductos y esteros, tareas determinantes para evitar colapsos en las redes de drenaje urbano durante los picos de marea alta y precipitaciones continuas.
Los siete comisionados tendrán un período de 12 meses para recabar testimonios ciudadanos, verificar la ejecución de obras hidráulicas en provincias litorales y redactar un informe exhaustivo con recomendaciones técnicas que deberá ser conocido y debatido por el Pleno de la Asamblea.
