- El Legislativo fijó un plazo de ausencia injustificada para activar la destitución de autoridades seccionales.
- La normativa busca frenar el abandono institucional en municipios afectados por crisis de seguridad.
- Los concejos cantonales y consejos provinciales contarán con un procedimiento reglado con debido proceso.
- El proyecto pasará a sanción u objeción del Ejecutivo antes de su publicación en el Registro Oficial.
Con un contundente respaldo de distintas bancadas parlamentarias, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó un paquete integral de reformas al Cootad orientado a regular con precisión los procedimientos de remoción y destitución de alcaldes, prefectos y vocales de juntas parroquiales que incurran en abandono injustificado de sus funciones. La iniciativa legislativa responde a la necesidad de blindar la gobernabilidad en los territorios locales ante vacíos legales prolongados.
Durante los últimos meses, diversos municipios y prefecturas sufrieron crisis de gestión debido a que sus titulares abandonaron el país o solicitaron licencias indefinidas en medio de investigaciones judiciales o amenazas a su seguridad, relacionándose con mecanismos de gestión territorial ante contingencias cantonales. La normativa aprobada por la Portal Oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador fija causales taxativas para declarar la vacancia definitiva cuando una autoridad electa acumule más de sesenta días continuos de inasistencia sin autorización legal debidamente sustentada por el cuerpo colegiado respectivo.
Procedimiento reglado y respeto al derecho a la defensa
El texto legal establece que la activación del trámite de remoción requerirá la presentación formal de una solicitud respaldada por al menos la tercera parte de los miembros del concejo cantonal o provincial. Posteriormente, una comisión técnica multipartidista recopilará descargos en un término perentorio de quince días, garantizando que la autoridad procesada ejerza su derecho a la defensa técnica en audiencia oral y pública.
Para la resolución final de destitución se exigirá la mayoría calificada de dos tercios de los integrantes del cuerpo deliberante. Asimismo, la ley incorpora la posibilidad de que los fallos sean revisados en sede contencioso-electoral para prevenir remociones arbitrarias motivadas por intereses de retaliación partidista coyuntural, mecanismo concertado con observaciones de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).
Subrogación de funciones y continuidad de los servicios públicos
Una de las innovaciones más destacadas del cuerpo reformatorio radica en la claridad para viabilizar la subrogación inmediata. Cuando se configure la ausencia comprobada del alcalde titular, la vicealcaldesa o vicealcalde asumirá de pleno derecho la conducción ejecutiva, evitando que se paralicen los pagos a proveedores de servicios básicos, la recolección de basura y la ejecución de obras viales prioritarias.
Los legisladores ponentes destacaron que la ciudadanía no puede pagar las consecuencias de disputas legales privadas ni quedar indefensa ante emergencias climáticas por la falta de una firma autorizada en la administración seccional. El marco legal dotará de certeza administrativa a las direcciones financieras de los gobiernos autónomos descentralizados.
Próximos pasos en el trámite legislativo
El articulado aprobado será remitido a la Presidencia de la República para que el Primer Mandatario presente sus objeciones parciales o disponga la promulgación directa en el Registro Oficial. Fuentes parlamentarias manifestaron su confianza en que el Ejecutivo respaldará la ley al considerar que aporta herramientas indispensables para la estabilidad democrática del país.
Gremios de alcaldes y colectivos cívicos han calificado la decisión como un paso positivo para la transparencia pública, instando a los concejos cantonales a ejercer sus facultades de fiscalización con rigor ético y absoluta responsabilidad frente a las necesidades cotidianas de sus comunidades.
Organizaciones de veeduría cívica y representantes gremiales señalaron que la aprobación de estas reformas fortalece el control social sobre los presupuestos locales. Con un marco sancionatorio riguroso y plazos perentorios, se previene la parálisis de obras prioritarias en cantones golpeados por emergencias climáticas y desafíos de seguridad territorial. La normativa marca una pauta indispensable para garantizar la transparencia democrática en el ejercicio de las dignidades de elección popular en todo el país.
