- La Asamblea Nacional debatió el 17 de septiembre cómo responder a la eliminación de la unidad anticorrupción del Consejo de la Judicatura.
- ADN propone reformar la ley para adaptarse a la decisión del CJ, sin fiscalización formal.
- Correísmo y PSC exigen que la reforma legal preceda al cambio de competencias judiciales.
- La presidenta del Consejo, Mercedes Caicedo, no asistió a la convocatoria de este jueves.
La Asamblea Nacional se dividió el 17 de septiembre de 2026 sobre cómo responder a la decisión del Consejo de la Judicatura (CJ) de eliminar, el pasado 8 de septiembre, la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, en una sesión que dejó al descubierto la fractura entre oficialismo y oposición sobre el alcance real de la fiscalización legislativa al poder judicial.
Una unidad creada en 2020 y eliminada de un plumazo
Las unidades anticorrupción fueron creadas mediante reformas al Código de la Función Judicial en 2020, con el objetivo de concentrar el juzgamiento de causas de corrupción y crimen organizado en tribunales especializados. La decisión de cinco vocales del CJ de eliminarlas este mes generó un cuestionamiento inmediato de distintos sectores políticos, que temen que el cambio afecte la continuidad de procesos judiciales de alto perfil ya en marcha.
ADN evita la palabra «fiscalización»
La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, de la bancada oficialista ADN, planteó una salida legislativa antes que un proceso formal de fiscalización: «si lo tenemos que hacer lo vamos a hacer, porque no podemos quedarnos estancados», señaló, en referencia a una eventual reforma de las leyes vigentes para adaptarlas a la resolución del Consejo de la Judicatura. El asambleísta Xavier Ordóñez, también de ADN, respaldó la misma línea de reforma legal directa, sin pasar por una investigación formal al organismo judicial.
El correísmo exige el orden inverso
La oposición, liderada por la Revolución Ciudadana (RC), rechazó esa secuencia. La asambleísta Viviana Veloz cuestionó el procedimiento propuesto por el oficialismo con una frase que resumió su objeción: «primero compran las llantas y después el carro», en referencia a que, a su juicio, la reforma legal debería aprobarse antes de que el Consejo de la Judicatura ejecute cambios de competencias sobre casos judiciales en curso, y no después.
La correísta Verónica Íñiguez, quien dirige la Comisión de Garantías Constitucionales, impulsó desde ese espacio legislativo —de mayoría de RC— la aprobación de iniciar un proceso de fiscalización formal contra el Consejo de la Judicatura por la eliminación de las unidades especializadas.
El PSC advierte sobre nulidades procesales
El Partido Social Cristiano (PSC), a través del asambleísta Alfredo Serrano, calificó la propuesta de reforma exprés planteada por ADN como «sorprendente». Serrano advirtió sobre dos riesgos concretos derivados de la eliminación de las unidades: la posibilidad de que se generen nulidades en procesos judiciales ya avanzados contra estructuras criminales, y problemas de competencia territorial que podrían retrasar aún más las causas afectadas por el cambio.
Caicedo no asistió a la convocatoria
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, no se presentó a la convocatoria de la Asamblea programada para este jueves, lo que añadió tensión al debate sobre qué comisión legislativa —entre las que compiten distintas mayorías políticas— asumirá finalmente la investigación del caso. La decisión final recae sobre el pleno de 157 asambleístas, que deberá resolver tanto el mecanismo de fiscalización como el fondo del reclamo sobre la eliminación de las unidades anticorrupción.
Un conflicto que ya lleva semanas de recorrido
La polémica por la reubicación de los jueces de la desaparecida unidad anticorrupción no es nueva. Días atrás, el vocal Fabián Fabara ya había anunciado que pediría informes formales sobre el traslado de los jueces a sus nuevas sedes, después de que la reubicación obligara a suspender temporalmente audiencias de casos de alto perfil. En paralelo, la Función Judicial ha reforzado otros frentes de su lucha contra el crimen organizado: 25 jueces de Pichincha se capacitarán en lavado de activos y crimen organizado, un esfuerzo que contrasta con la incertidumbre que generó la eliminación de la unidad especializada.
El episodio se suma también a otros procesos judiciales que han mantenido en tensión la relación entre la Asamblea y la Función Judicial durante 2026, como la formulación de cargos contra la exvocal Solanda Goyes por presunto tráfico de influencias, y el debate legislativo en curso sobre la Ley Antimafias, que ya tuvo su primer debate en la Asamblea.
Qué sigue en el proceso
La Asamblea Nacional deberá definir en las próximas sesiones qué comisión asume formalmente la investigación, mientras el Consejo de la Judicatura mantiene sin variación su resolución del 8 de septiembre. Hasta que no se resuelva el mecanismo de fiscalización, los jueces trasladados seguirán operando desde sus nuevas sedes, con las audiencias de los casos de alto perfil pendientes de reanudación.
