- El vocal Fabián Fabara confirmó que pedirá informes formales sobre el traslado de los jueces al Pleno del Consejo de la Judicatura.
- Los casos Goleada y Encuentro quedaron temporalmente suspendidos tras la reubicación de los jueces.
- Los 19 magistrados afectados cuestionan si mantendrán protección policial en sus nuevas sedes de riesgo.
- La presidenta del Consejo, Mercedes Caicedo, fue citada a la Asamblea para este 17 de septiembre.
El conflicto por el traslado de los jueces de la desaparecida Unidad Anticorrupción sumó un nuevo capítulo este 16 de septiembre de 2026, cuando el vocal Fabián Fabara anunció que pedirá formalmente al Pleno del Consejo de la Judicatura los informes técnicos que respaldan la reubicación de los magistrados a Quitumbe, Calderón, Carcelén y Tumbaco.
Audiencias suspendidas por la mudanza de los jueces
La reubicación obligó a congelar temporalmente audiencias de dos procesos de alto perfil: el caso Goleada, ligado al empresario Aquiles Álvarez, y el caso Encuentro. Los propios jueces trasladados manifestaron dudas sobre si conservarán la protección policial que tenían asignada mientras concluyen sentencias pendientes de estos expedientes.
La versión del Consejo: más jueces, no menos capacidad
El organismo insiste en que la Resolución 187-2026 no debilita la lucha anticorrupción, sino que la amplía: pasaron de 19 jueces especializados a más de 50 jueces penales habilitados para conocer causas de corrupción y crimen organizado. Su presidenta, Mercedes Caicedo, atribuyó la reforma a un déficit presupuestario de USD 83 millones calculado para 2027.
Caicedo, citada a la Asamblea Nacional
La funcionaria deberá comparecer este 17 de septiembre ante la Comisión de Garantías Constitucionales para explicar tanto la disolución de la unidad especializada como el posterior traslado de sus jueces. El episodio ya había generado roces desde que Fabara calificó la reubicación de «inconsulta», según recogió previamente Ecuador 360 en su cobertura de la crisis judicial.
Lo que cambia con esta nueva presión
La diferencia frente al reclamo inicial es que ahora existe una solicitud formal de informes que podría forzar una revisión del proceso en el propio Pleno, sumada a la comparecencia obligatoria de Caicedo ante la Asamblea. El diario El Universo confirmó que el pedido de informes surgió después de que los jueces trasladados expresaran temor por su seguridad en las nuevas sedes, varias de ellas consideradas de mayor riesgo que el Complejo Judicial Norte que ocupaban antes.
Una unidad con apenas cuatro años de vida
La Unidad Especializada para Juzgar Delitos de Corrupción y Crimen Organizado funcionaba desde 2022 con un juzgado, un tribunal especializado y una sala de apelación propios dentro de la Corte Provincial de Pichincha. La Resolución 187-2026 disolvió esa estructura independiente y repartió sus competencias entre juzgados penales ordinarios de Quito, el cambio más profundo desde la creación de la unidad hace cuatro años.
Dudas fuera del propio Consejo
La medida generó controversia entre especialistas en temas judiciales, que cuestionan si diluir la especialización de los jueces —aunque aumente su número total— puede debilitar el manejo técnico de causas complejas de crimen organizado, antes concentradas en un grupo reducido y especializado de magistrados.
El fondo económico detrás de la reforma
El déficit de USD 83 millones proyectado para 2027 que argumenta la presidenta Mercedes Caicedo se suma a un problema estructural más amplio: la Función Judicial ecuatoriana arrastra desde hace meses una emergencia declarada por falta de jueces a nivel nacional, un déficit que organismos internos han cifrado en cientos de plazas vacantes en distintas materias, no solo en el área penal y anticorrupción.
Lo que sigue en la Asamblea
La comparecencia de Caicedo este 17 de septiembre ante la Comisión de Garantías Constitucionales podría marcar el rumbo del conflicto: si los asambleístas encuentran fundamento en los reclamos de Fabara, el Pleno del Consejo quedaría presionado a revisar formalmente el proceso de traslado, algo que hasta ahora la propia entidad ha evitado hacer pese a las advertencias de uno de sus propios vocales.
