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Campesinos demandan la inconstitucionalidad del acuerdo comercial con EE.UU.

Plantón campesino contra el acuerdo comercial con EE.UU. en Quito
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  • Colectivos de agricultores y organizaciones sociales radicaron una acción judicial en la Corte Constitucional.
  • El recurso sostiene que la desgravación arancelaria perjudicará a los pequeños productores de maíz, leche y arroz.
  • La demanda argumenta que el convenio no contó con dictamen previo vinculante de la Asamblea Nacional.
  • El Ejecutivo defiende que el tratado fomenta el ingreso de exportaciones no petroleras libres de aranceles.
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Una coalición integrada por representantes de organizaciones campesinas, gremios de pequeños agricultores e indígenas del Ecuador acudió este lunes 16 de noviembre a la sede de la Corte Constitucional en Quito para interponer una demanda formal de inconstitucionalidad en contra del acuerdo comercial y de inversiones suscrito recientemente entre el Gobierno nacional y los Estados Unidos.

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Los demandantes sostienen en su alegato que el instrumento bilateral vulnera preceptos constitucionales esenciales relativos a la soberanía alimentaria, la protección a la producción campesina comunitaria y la prohibición expresa de ceder jurisdicción nacional a tribunales arbitrales internacionales en materia de inversiones. Dirigentes de los sectores arrocero, maicero y ganadero advirtieron que la entrada sin aranceles de excedentes agrícolas fuertemente subsidiados desde el mercado norteamericano provocará la quiebra inminente de decenas de miles de economías familiares rurales.

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Argumentos jurídicos de la demanda contra el acuerdo comercial

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Otro de los fundamentos medulares del recurso radica en la omisión del trámite parlamentario regular. Según los juristas patrocinadores de la acción ciudadana, el tratado debió someterse a debate, análisis de comisiones legislativas y aprobación por parte del pleno de la Asamblea Nacional, al comprometer normas tributarias y políticas comerciales estratégicas del país para los próximos decenios. Para ampliar el contexto de la información, cabe destacar el seguimiento continuo sobre recorridos y posturas políticas de las organizaciones frente a los comicios, donde convergen los intereses de las instituciones involucradas.

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El debate entre la apertura de mercados y la protección a la producción local

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Por el contrario, voceros del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca defendieron la plena legalidad y conveniencia económica del convenio bilateral, argumentando que otorga certeza jurídica y estabilidad a las exportaciones tradicionales y no tradicionales ecuatorianas como flores, camarón, atún y frutas tropicales, preservando miles de empleos directos e indirectos en las provincias costeras y de la serranía. Los reportes oficiales del organismo técnico Corte Constitucional del Ecuador corroboran la relevancia de las disposiciones vigentes.

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Los magistrados de la Corte Constitucional deberán avocar conocimiento de la causa, admitirla a trámite y convocar a una audiencia pública con la participación de las partes y sectores amicus curiae antes de emitir un fallo de fondo sobre la vigencia jurídica del tratado comercial internacional. Los lineamientos y estándares regulados por Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones marcan la hoja de ruta jurídica y operativa para mitigar los riesgos derivados de estos acontecimientos.

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Entretanto, las agrupaciones demandantes anunciaron plantones y asambleas provinciales de información para sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de defender los productos del campo ecuatoriano frente a la competencia asimétrica global. Los representantes de los comités campesinos de Pichincha, Guayas y Los Ríos anticiparon que articularán movilizaciones pacíficas hacia la capital para exigir que los magistrados prioricen el bienestar del agro nacional sobre los intereses de los importadores foráneos, garantizando precios justos y subsidios para los insumos agrícolas indispensables. De forma complementaria, diversas federaciones de trabajadores rurales y cámaras de la pequeña agricultura han solicitado ser recibidas en comisión general durante las deliberaciones de la Corte Constitucional, con el propósito de aportar estudios técnicos e informes socioeconómicos independientes que evidencien el riesgo inminente de quiebra para los productores medianos y comunitarios ante la desgravación inmediata de productos sensibles como la carne de cerdo, los lácteos y el maíz amarillo.

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