- La Fiscalía identificó alias y funciones de Aquiles Alvarez y sus hermanos en la trama.
- El expediente investiga el presunto desvío irregular de combustibles subsidiados.
- Se describen roles clasificados bajo denominaciones como El Jefe, El Loco y El Pollo.
- Los procesados niegan los cargos e insisten en una persecución judicial con fines políticos.
En el marco de la sustanciación procesal del denominado caso Goleada —también conocido públicamente como caso Triple A—, la Fiscalía General del Estado expuso un detallado esquema pericial en el que describe la presunta repartición de roles, responsabilidades operativas y denominaciones en clave que habrían utilizado el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez en una supuesta trama corporativa de comercialización ilícita de combustibles subsidiados.
El expediente fiscal sostiene que las empresas del consorcio familiar habrían coordinado la compra, traslado, alteración de guías de remisión y venta no autorizada de cuantiosos volúmenes de diésel y gasolinas con beneficio estatal, canalizándolos hacia actividades industriales o navieras no habilitadas para el uso de hidrocarburos subvencionados.
Estructura corporativa, alias asignados y transferencias financieras
De acuerdo con la teoría del caso planteada por el Ministerio Público ante los jueces de la causa, las comunicaciones peritadas y los testimonios de colaboradores describen jerarquías internas donde se asignaron seudónimos a los principales implicados. En los informes consta que Aquiles Alvarez era identificado supuestamente con la clave de El Jefe, mientras que sus hermanos figuraban bajo apelativos como El Loco y El Pollo, en función de su grado de control en las firmas comercializadoras.
El impacto mediático y judicial de las causas anticorrupción en el ámbito municipal y corporativo continúa generando intensas reacciones en el panorama nacional, en un contexto en el que Cynthia Viteri planteó reordenamiento urbano y seguridad en Guayaquil marcando contrastes sobre los modelos de gobernanza en la urbe porteña.
La investigación añade que la red habría empleado estaciones de servicio intermediarias y distribuidoras satélites para justificar contablemente la salida del combustible mediante facturaciones cruzadas, dificultando las auditorías de control de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y del Servicio de Rentas Internas.
Argumentos de la defensa y recursos de apelación en marcha
Por su parte, el burgomaestre guayaquileño y los abogados defensores de los hermanos Alvarez han rechazado categóricamente las acusaciones de la Fiscalía, afirmando que las transacciones investigadas responden a operaciones comerciales legítimas amparadas en contratos de distribución regulares con décadas de antigüedad en el mercado nacional.
La defensa técnica ha calificado el proceso penal como una instrumentalización política de la justicia destinada a debilitar la gestión municipal de Guayaquil y afectar su capital político frente al Gobierno Central, anunciando la presentación de recursos de apelación contra las medidas cautelares y peritajes contables que consideran viciados de nulidad procesal.
Organismos de veeduría jurídica señalan que la causa requerirá un riguroso análisis pericial de los registros tributarios y de despacho físico de las plantas de Petroecuador, con el fin de certificar si existió o no un desvío efectivo de producto o si se trata de discrepancias estrictamente administrativas de cupos.
Expectativa judicial y debate sobre los subsidios energéticos
La tramitación del caso Goleada reabre la discusión pública sobre los mecanismos de fiscalización del subsidio a los combustibles en Ecuador, un rubro fiscal que demanda miles de millones de dólares anuales del presupuesto general del Estado y que históricamente ha sido susceptible de contrabando interno e internacional.
Se espera que en las próximas semanas la Corte competente convoque a la audiencia preparatoria de juicio, en la cual el juez de la causa determinará si existen elementos de convicción suficientes para llamar a juicio a los involucrados o si dicta el sobreseimiento de los procesados en este caso de alta connotación institucional.
Analistas de políticas públicas señalan que la resolución de este litigio sentará jurisprudencia clave sobre la responsabilidad penal de los administradores societarios en la comercialización de derivados de petróleo y sobre los límites de la discrecionalidad fiscal en la fiscalización de hidrocarburos subvencionados.
Mientras avanza la instrucción penal, sectores políticos en el Concejo Cantonal de Guayaquil siguen de cerca el desenvolvimiento procesal para determinar posibles repercusiones en la gobernabilidad municipal y en la ejecución de contratos de obra pública previstos para el cierre del ejercicio fiscal en la ciudad.
La veeduría ciudadana anticorrupción reiteró que continuará supervisando las etapas procesales para asegurar que las pruebas periciales se valoren con estricto rigor técnico y sin interferencias políticas, resguardando la credibilidad institucional en la lucha contra la defraudación de recursos públicos en el sector energético nacional.
