- Nuevas diligencias judiciales sacuden el tablero político nacional.
- La línea de investigación fiscal pone la lupa sobre contratos de publicidad, movilización y eventos multitudinarios que presuntamente fueron costeados mediante desembolsos no registrados en los balances electorales.
- La dirigencia de la Revolución Ciudadana sostuvo que todas las cuentas de campaña fueron debidamente auditadas y aprobadas por las instancias técnicas del CNE, denunciando que las filtraciones sobre el caso responden a una estrategia política para desgastar a la principal fuerza de oposición en el país.
Nuevas diligencias judiciales sacuden el tablero político nacional. La Fiscalía General del Estado profundiza las pesquisas en el denominado Caso Laberinto, expediente que investiga el presunto ingreso de capitales no reportados y fondos de origen irregular en el financiamiento de actividades electorales del movimiento Revolución Ciudadana durante las elecciones presidenciales.
Triangulación de pagos y auditoría contable a proveedores
La línea de investigación fiscal pone la lupa sobre contratos de publicidad, movilización y eventos multitudinarios que presuntamente fueron costeados mediante desembolsos no registrados en los balances electorales. Entre las diligencias ordenadas constan requerimientos de información a la Superintendencia de Bancos y al Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre sociedades mercantiles que habrían prestado servicios durante la campaña de Luisa González.
El expediente indaga además posibles aportaciones vinculadas a figuras de la administración seccional de Guayaquil, contrastando las declaraciones tributarias de los donantes con las transferencias efectivas detectadas en el sistema bancario. Los investigadores buscan establecer si hubo infracciones graves a la normativa de gasto electoral y enriquecimiento ilícito. Esta situación coincide con reportes previos sobre cumplimiento de estándares de legalidad y control financiero.
La instrucción fiscal en el caso Laberinto avanza a través de peritajes contables especializados que buscan trazar el origen y el destino final de las transferencias financieras empleadas en eventos de campaña electoral. Las diligencias judiciales incluyen la toma de versiones a proveedores logísticos, publicistas y directivos de empresas vinculadas a contratos municipales, en un esfuerzo por verificar el cumplimiento estricto del Código de la Democracia ecuatoriano.
Respuesta política y reclamo de imparcialidad
La dirigencia de la Revolución Ciudadana sostuvo que todas las cuentas de campaña fueron debidamente auditadas y aprobadas por las instancias técnicas del CNE, denunciando que las filtraciones sobre el caso responden a una estrategia política para desgastar a la principal fuerza de oposición en el país.
El caso permanece en fase de investigación previa con carácter reservado, a la espera de que los peritajes financieros determinen si existen méritos suficientes para formular cargos ante la Corte Nacional de Justicia.
Expertos constitucionalistas y analistas de política local señalan que este proceso reviste un alto interés ciudadano por involucrar a las máximas autoridades de la administración seccional guayaquileña y a figuras presidenciales. La Fiscalía General del Estado ha ratificado que las actuaciones procesales se desarrollan con estricto apego al debido proceso y a los principios de reserva legal y transparencia.
La transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales constituyen una demanda permanente de la ciudadanía ecuatoriana. Analistas y veedores civiles insisten en que el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría financiera previene irregularidades en las campañas y afianza la legitimidad democrática de las autoridades electas en los diferentes niveles de gobierno.
Fuente original: Primicias / Política
