- El CNE aprobó que los comicios seccionales se celebren el domingo 29 de noviembre de 2026.
- Se elegirán 221 alcaldes, 23 prefectos y más de 1.300 vocales de juntas parroquiales rurales.
- El periodo de inscripción oficial de candidaturas se extenderá durante agosto y septiembre de 2026.
- El Tribunal Contencioso Electoral coordinará los plazos de resolución de recursos de impugnación.
Hitos del cronograma electoral y plazos de empadronamiento
El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad este 21 de octubre de 2026 la resolución técnica y operativa que define el calendario electoral oficial para las Elecciones Seccionales de 2026-2027, fijando la jornada de sufragio general en todo el territorio ecuatoriano para el domingo 29 de noviembre de 2026. La decisión se fundamenta en la necesidad constitucional de sincronizar los periodos de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados tras las reformas normativas recientes.
La convocatoria a elecciones movilizará a más de 13,6 millones de ciudadanos empadronados para elegir a 221 alcaldes cantonales, 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y más de 4.000 vocales de las juntas parroquiales rurales del país. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, subrayó que el presupuesto operativo contempla la adquisición de biometría dactilar y papeletas electorales con tres niveles de seguridad antifraude.
El cronograma aprobado establece que el cierre del registro electoral y la fase de cambio de domicilio electoral se iniciará en marzo de 2026, permitiendo a miles de ciudadanos actualizar su circunscripción de votación sin costo en delegaciones provinciales y brigadas móviles desplegadas en terminales terrestres y centros comerciales.
Asimismo, los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas para la selección de precandidatos deberán celebrarse de forma obligatoria durante el mes de julio, bajo supervisión directa de veedores electorales designados por las delegaciones desconcentradas de cada provincia.
Fiscalización de precampañas y control del gasto electoral
La Dirección Nacional de Fiscalización del organismo electoral activará monitoreos automatizados en plataformas digitales, vallas publicitarias y medios tradicionales para cuantificar el gasto anticipado de precampaña. Todo egreso no justificado antes de los plazos reglamentarios será imputado directamente al límite máximo de gasto electoral asignado a cada lista tras la calificación definitiva de postulantes.
Los movimientos y partidos deberán abrir cuentas bancarias exclusivas para el manejo de fondos de campaña, rindiendo cuentas quincenales ante auditores especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento irregular en la actividad política seccional.
El Consejo Nacional Electoral reiteró que mantendrá canales de diálogo permanente con los delegados técnicos de los partidos políticos para absolver inquietudes sobre la custodia del software electoral.
En el plano presupuestario, el CNE estructurará una matriz de costos plurianual para garantizar la contratación oportuna del Instituto Geográfico Militar (IGM) en la impresión de las papeletas y documentos electorales, así como los enlaces satelitales y de fibra óptica con las juntas provinciales electorales. Los delegados de las organizaciones sociales participarán como veedores acreditados en las auditorías de software y de infraestructura física de los centros de procesamiento electoral (CPE) instalados en las 24 provincias.
Coordinación con el TCE y garantías de transparencia
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral coordinarán mesas técnicas conjuntas con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral para garantizar que la resolución de recursos contenciosos y apelaciones no altere la impresión de las papeletas oficiales. La planificación se ejecuta en momentos de intensa deliberación sobre el equilibrio de las instituciones del Estado, tal como se refleja cuando Andrés Mendoza asume funciones como nuevo consejero del CPCCS en el control institucional.
El CNE prevé invitar a misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea para auditar cada módulo del sistema informático de escrutinio preliminar y transmisión rápida de resultados desde los recintos de votación en las 24 provincias.
