- La mesa ocasional aprobó por unanimidad el informe técnico para primer debate en el pleno.
- El documento agrupa cuatro proyectos de enmienda avalados por firmas ciudadanas válidas.
- Se busca elevar las exigencias éticas y académicas para los aspirantes a curules en el Parlamento.
- El texto plantea devolver a la Asamblea la facultad de designar a las autoridades de control público.
La Comisión Ocasional para el Tratamiento de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este 23 de septiembre de 2026 el informe no vinculante para primer debate sobre las enmiendas de iniciativa ciudadana, dando curso formal a propuestas promovidas por colectivos civiles, en paralelo a las iniciativas legislativas sobre la fiscalización institucional, el control de la función pública y la transparencia administrativa en Ecuador.
El paquete de reformas cuenta con el aval previo de procedimiento emitido por la Corte Constitucional del Ecuador. Entre los temas medulares destacan la elevación de requisitos formativos y de probidad para los candidatos al Legislativo y la modificación de los mecanismos de nombramiento de las autoridades de control gubernamental hoy a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Filtros académicos para asambleístas y probidad tributaria
El proyecto establece una reforma al artículo 119 de la Carta Magna para requerir que los postulantes a asambleístas cuenten con título universitario de tercer nivel o acrediten al menos cuatro años continuos de dirigencia comunitaria, productiva o gremial debidamente fundamentada. Asimismo, se fijan impedimentos absolutos para postular a personas que mantengan deudas tributarias en firme con el Servicio de Rentas Internas o pensiones alimenticias impagas.
En lo referente al CPCCS, la iniciativa busca trasladar nuevamente a la Asamblea Nacional la atribución exclusiva de seleccionar y designar al Contralor General del Estado, al Fiscal General de la Nación, al Procurador y a los miembros del Consejo de la Judicatura mediante concursos públicos fiscalizados con impugnación ciudadana transparente.
Impacto en el sistema electoral y fortalecimiento de la fiscalización
El informe de la mesa legislativa subraya que la elevación de requisitos para los aspirantes a una curul parlamentaria responde a una demanda ciudadana reiterada para jerarquizar el debate político y reducir los índices de descrédito institucional que han afectado a las últimas legislaturas. La inclusión de filtros de probidad tributaria y antecedentes judiciales busca asegurar que los representantes populares cumplan con estándares éticos comprobables antes de asumir sus bancadas.
Por otro lado, la restitución de facultades nominadoras al pleno de la Asamblea Nacional introduce un mecanismo de escrutinio público directo sobre las ternas postuladas a los organismos de control, permitiendo que las audiencias de impugnación ciudadana cuenten con difusión obligatoria en medios legislativos y plataformas digitales abiertas a la veeduría social.
Plazo obligatorio de un año antes de la aprobación final
De acuerdo con el mandato constitucional vigente para el trámite de enmiendas, una vez concluido el primer debate en el pleno, el proyecto deberá permanecer en suspenso durante un año completo antes de someterse a votación definitiva en segundo debate, plazo obligatorio orientado a promover una deliberación ciudadana profunda en las 24 provincias del país.
Diversos legisladores destacaron que este trámite encauza el descontento de la sociedad civil con los escándalos de corrupción en la designación de autoridades, proyectando una institucionalidad más calificada y transparente al servicio del país.
Participación cívica y veedurías sociales en territorio
Organizaciones de veeduría ciudadana anunciaron que realizarán asambleas provinciales para vigilar que el articulado original respaldado en las firmas no sufra alteraciones durante el debate en el pleno legislativo, asegurando que las demandas populares de transparencia se mantengan intactas.
La tramitación legislativa de estas reformas confirma la capacidad del marco democrático para integrar los requerimientos cívicos y consolidar una estructura estatal de mayor probidad técnica en el Ecuador.
