- La jueza nacional Daniella Camacho presentó apelación formal ante el CPCCS.
- Camacho fue descalificada del concurso de Fiscal General por supuesta falta de probidad.
- La magistrada sostuvo que la probidad no puede evaluarse con señalamientos sin sentencia.
- El proceso de selección de la máxima autoridad de Fiscalía avanza en medio de tensiones.
La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, interpuso un recurso de apelación formal ante la comisión ciudadana de selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tras haber sido descalificada del concurso público de méritos y oposición para la designación de la nueva o nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. La magistrada argumentó este martes 13 de octubre que la causal invocada de presunta falta de probidad carece de sustento constitucional y jurídico demostrable.
En su escrito de impugnación, Camacho sostuvo que la probidad notoria, como principio rector de la función judicial, es una presunción que solo puede ser desvirtuada mediante resoluciones administrativas ejecutoriadas o sentencias penales en firme, y no sobre la base de objeciones subjetivas o señalamientos informativos sin valor probatorio. «La falta de probidad tiene que demostrarse fehacientemente en un Estado de derecho», enfatizó la postulante al solicitar la reconsideración de su expediente.
Tensiones y escrutinio en el concurso de Fiscal General
El concurso público para reemplazar a la actual titular de la Fiscalía ha estado rodeado de una intensa confrontación política y técnica entre los postulantes y los comisionados ciudadanos. Diversas organizaciones de veeduría ciudadana han solicitado rigor absoluto en la verificación de méritos e idoneidad moral de los candidatos, recordando que la Fiscalía General constituye la pieza angular en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y los delitos contra la administración pública.
La vigilancia sobre la designación de altas dignidades institucionales y la transparencia electoral coinciden con el despliegue de mecanismos democráticos como los revisados cuando el CNE distribuye kits técnicos para procesos electorales en las diferentes provincias del Ecuador.
Normativa aplicable y plazos de resolución en el CPCCS
De acuerdo con el reglamento de selección del CPCCS y las directrices del Consejo de la Judicatura, la comisión ciudadana deberá sesionar en un plazo no mayor a cinco días hábiles para resolver las apelaciones presentadas por los aspirantes excluidos. De ratificarse la descalificación, los postulantes podrán recurrir ante las instancias de garantías jurisdiccionales contempladas en la Corte Constitucional del Ecuador.
Expectativa ciudadana por la idoneidad del proceso
Juristas y decanos de facultades de Derecho en el país recalcaron la necesidad de que el pleno del CPCCS garantice un proceso blindado ante intereses partidistas, asegurando que la persona que asuma el despacho de la Fiscalía cuente con una trayectoria intachable, solvencia técnica y total independencia judicial para ejercer la persecución penal en el Ecuador.
Argumentos constitucionales y precedentes de la Corte Interamericana
En su alegato jurídico de apelación, la jueza Daniella Camacho fundamentó su reclamo citando jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia en concursos de méritos para altas cortes y fiscalías. La magistrada sostuvo que excluir a un postulante basándose en notas de prensa o denuncias administrativas archivadas vulnera los estándares universales de evaluación judicial objetiva.
Camacho recalcó que cuenta con más de dos décadas de carrera en la Función Judicial sin registrar sanciones disciplinarias ejecutoriadas por dolo o negligencia manifiesta, habiendo intervenido en procesos de alta trascendencia nacional como el caso Sobornos. La comisionada ciudadana de selección del CPCCS deberá evaluar el expediente en sesión pública, garantizando que el principio de contradicción probatoria se cumpla de manera estricta para evitar que el concurso sea objeto de acciones de protección constitucional que puedan suspender su cronograma.
La contienda por la Fiscalía General del Estado continuará siendo uno de los procesos de mayor interés institucional en el país, dado que el nuevo titular deberá liderar investigaciones de alto impacto sobre crimen organizado, corrupción en compras públicas y tramas transnacionales de lavado de activos.
La deliberación de la comisión ciudadana de selección marcará un precedente jurídico relevante respecto a los estándares de valoración de la probidad en concursos públicos, en momentos en que la ciudadanía demanda transparencia irrestricta en la designación de las máximas autoridades de control judicial del país.
