- Fiscalía General del Estado solicitó formalmente prisión preventiva contra el exmagistrado de la Corte Nacional de Justicia.
- El requerimiento fiscal responde al presunto incumplimiento del uso obligatorio del dispositivo de vigilancia electrónica.
- David Jacho fue destituido por el Consejo de la Judicatura tras la denuncia de acoso interpuesta por una exfuncionaria.
- El proceso penal incluye retención bancaria de 5.640 dólares y prohibición estricta de acercamiento a la víctima.
La Fiscalía General del Estado solicitó este miércoles 18 de noviembre de 2026 la medida cautelar de prisión preventiva contra el exjuez David Jacho, exintegrante de la Corte Nacional de Justicia. El requerimiento del Ministerio Público se formalizó durante la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en Quito, luego de comprobarse que el procesado habría vulnerado las disposiciones judiciales relacionadas con el uso del dispositivo de vigilancia electrónica (grillete) que portaba desde finales del año pasado.
El exmagistrado enfrenta una instrucción penal por presunto acoso sexual en perjuicio de una exfuncionaria que prestaba servicios administrativos en su propio despacho dentro del máximo tribunal de justicia ordinaria del Ecuador. De acuerdo con el reporte oficial presentado por el fiscal asignado al caso ante el tribunal competente, Jacho habría incurrido en fallas y desconexiones no justificadas de su dispositivo telemático de rastreo, lo que motivó a las autoridades penales a endurecer las restricciones para evitar riesgos procesales o eventuales intentos de fuga.
Incumplimiento de medidas del exjuez David Jacho y pedido de prisión
Durante la diligencia judicial en la Corte Nacional de Justicia, la representación de la Fiscalía General del Estado fundamentó que las alternativas a la reclusión provisional no han sido acatadas de manera integral por el investigado. Anteriormente, Jacho gozaba de un régimen abierto sujeto a tres condiciones concurrentes: portar el grillete electrónico permanente, cumplir con la prohibición de salida del país y presentarse periódicamente cada 15 días ante la sede judicial correspondiente.
Frente al quebrantamiento de las condiciones técnicas impuestas por el sistema penitenciario y de monitoreo telemático, el fiscal argumentó que la prisión preventiva resulta indispensable para salvaguardar la comparecencia del sospechoso en las etapas preparatorias de juicio. El juzgador de la causa escuchó los alegatos de las partes procesales y anunció que notificará su resolución tras evaluar los informes técnicos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) respecto a las alertas emitidas por el grillete.
Retención de activos y medidas de protección a la víctima
El proceso penal contra el exjuez también mantiene vigentes órdenes de carácter patrimonial y resguardo personal. En la formulación inicial de cargos, la administración de justicia ordenó la retención preventiva de cuentas financieras del exmagistrado por un valor fijado en 5.640 dólares, garantizando una posible reparación integral y costas legales.
Paralelamente, se ratificaron las medidas de protección integral en beneficio de la víctima directa del caso y de los testigos convocados por la acusación. El mandato judicial prohíbe taxativamente al procesado aproximarse a la denunciante, comunicarse con ella por vías digitales o intermediarios, y ejecutar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o persecución, bajo advertencia de incurrir en desacato flagrante.
Este pronunciamiento judicial ocurre luego de que en días recientes la institución del orden judicial denunciara contratiempos en el trámite procesal, tal como ocurrió cuando la Fiscalía reclamó por la suspensión previa de la audiencia contra David Jacho, lo que obligó a reprogramar la comparecencia para evaluar la conducta del exfuncionario.
Destitución disciplinaria en el Consejo de la Judicatura
En el ámbito administrativo, David Jacho ya no forma parte de la función jurisdiccional. El pleno del Consejo de la Judicatura resolvió su destitución definitiva el pasado 7 de noviembre, tras concluir un sumario disciplinario que determinó la comisión de faltas gravísimas e incompatibles con el ejercicio de la magistratura.
El expediente administrativo se originó el 2 de julio de 2026, fecha en que la exasistente administrativa presentó su renuncia irrevocable a la Corte Nacional. En su misiva de separación, la funcionaria detalló haber sufrido episodios continuos de acoso laboral y de índole sexual perpetrados de manera directa por su superior jerárquico mientras desempeñaba labores dentro del despacho judicial entre 2024 y 2025.
Tras la formalización de la queja y el inicio de las indagaciones disciplinarias, el organismo rector de la justicia suspendió a Jacho de sus funciones por un período preventivo de tres meses, etapa que culminó con su remoción formal de la plaza judicial. La resolución del juez penal respecto a la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público definirá en las próximas horas si el exoperador de justicia afrontará el resto del enjuiciamiento en un centro carcelario nacional.
Periodista y analista político especializado en gobernanza, coyuntura estatal, fiscalización pública y derecho parlamentario. Cubre los debates del legislativo, resoluciones institucionales del Estado ecuatoriano...












