- Juan Esteban Guarderas presentó una denuncia penal contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
- La acusación ante la Fiscalía General señala presuntos delitos de concusión y cohecho institucional.
- El denunciante asegura que se cobraban diezmos a funcionarios de la Empresa Municipal de Pasajeros.
- Guarderas acudirá además al TCE para solicitar la inhabilitación política del burgomaestre capitalino.
El exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra del alcalde metropolitano de Quito, Pabel Muñoz, acusándolo de presunta concusión y cohecho en el manejo del personal de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros.
La acción legal surge en un momento de alta efervescencia política en la capital, dado que el actual burgomaestre aspira a la reelección en los próximos comicios seccionales. La denuncia sostiene la supuesta exigencia de aportes económicos indebidos, conocidos comúnmente como diezmos, a funcionarios municipales para solventar actividades de proselitismo político partidista.
Fundamentos jurídicos de la denuncia presentada en Fiscalía
De acuerdo con el escrito presentado ante el Ministerio Público y reportado por Ecuavisa, la acusación se apoya en testimonios reservados de servidores de la Empresa de Pasajeros y registros de transferencias financieras que evidenciarían descuentos no autorizados en roles de pago.
Guarderas aseveró que la acción no responde a motivaciones electorales ni a presiones de sectores afines a su anterior militancia política, insistiendo en que la fundación que lidera mantiene investigaciones abiertas contra diversos funcionarios públicos de distintas tiendas ideológicas, exigiendo la apertura de una indagación previa rigurosa tutelada por la Fiscalía General del Estado.
Acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral
De forma complementaria a la vía penal, el denunciante anticipó que acudirá ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para demandar la suspensión de los derechos de participación política de Pabel Muñoz, alegando que si se demuestra el uso de financiamiento ilegal en la campaña electoral, el alcalde podría quedar inhabilitado de ejercer cargos públicos o continuar como candidato.
Analistas jurídicos explican que el proceso en la justicia ordinaria requiere de peritajes documentales exhaustivos antes de una formulación de cargos, mientras que en el ámbito contencioso rigen términos perentorios que marcan el pulso de la contienda política municipal analizada en nuestras definiciones y disputas políticas para las elecciones seccionales.
Respuesta de la administración municipal y debate público
Desde el entorno municipal y la defensa jurídica de Pabel Muñoz se ha rechazado enfáticamente cualquier vinculación con prácticas de cobro ilegal de aportes, calificando la denuncia como un intento de desestabilización política diseñado para incidir en la opinión pública a pocas semanas de las elecciones.
Voceros del cabildo capitalino reiteraron que la gestión municipal se encuentra abierta a cualquier auditoría de los entes de control para demostrar la pulcritud administrativa de las empresas públicas metropolitanas.
El caso reabre el debate nacional sobre los mecanismos de fiscalización de fondos de campaña y la protección a los denunciantes en el sector público.
Alcance de los presuntos delitos de concusión y cohecho en el COIP
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito de concusión como la conducta mediante la cual un servidor público, abusando de su cargo, exige o cobra contribuciones, rentas o gratificaciones no autorizadas por la ley. Por su parte, el cohecho sanciona la solicitud o aceptación de beneficios indebidos para omitir o realizar actos propios de sus funciones públicas. Ambas figuras penales contemplan penas privativas de libertad de entre tres y siete años.
Expertos en derecho penal sostienen que la Fiscalía General del Estado deberá recabar peritajes informáticos forenses sobre las cuentas bancarias señaladas, testimonios bajo juramento y certificaciones contables de la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros para determinar la veracidad de los hechos denunciados.
Impacto político en el calendario electoral de la capital
La presentación de la denuncia en vísperas de la contienda seccional introduce un factor de intensa polarización en el debate político quiteño. Organizaciones de la sociedad civil y veedurías ciudadanas han exigido celeridad e imparcialidad a las autoridades judiciales para evitar que los procesos legales se utilicen como herramientas de manipulación electoral o que actos de presunta corrupción queden en la impunidad.
El alcalde Pabel Muñoz ha reiterado su disposición de colaborar con todas las investigaciones de la justicia, asegurando que su equipo continuará enfocado en la gestión de obras y servicios para la ciudad capital.
Garantías del debido proceso y veeduría judicial
Juristas independientes recordaron que en todo proceso penal rige el principio constitucional de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada. La veeduría ciudadana y los gremios de profesionales del derecho vigilarán que las actuaciones judiciales se conduzcan con apego estricto a las normas procesales vigentes.
