- Rafael Correa confirmó desde Bélgica que su organización respaldará candidatos para integrar el CPCCS.
- La Ley Orgánica de Participación Ciudadana prohíbe taxativamente la injerencia de partidos en esa votación.
- El antecedente de la ‘Liga Azul’ derivó anteriormente en la destitución de consejeros por infracción electoral.
- El CNE advierte que aplicará sanciones inmediatas a las agrupaciones que promocionen listas de aspirantes.
El expresidente de la República, Rafael Correa, anunció públicamente durante un encuentro con simpatizantes en Europa que la organización política Revolución Ciudadana respaldará y promoverá de manera decidida a un grupo específico de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en las elecciones del próximo 29 de noviembre de 2026. La aseveración del líder político reabre una intensa controversia jurídica en el país, toda vez que la legislación electoral vigente prohíbe de forma expresa que los partidos y movimientos partidistas auspicien, financien o hagan proselitismo en favor de los postulantes a dicho órgano de control.
Durante su intervención transmitida por canales digitales, Correa afirmó que el movimiento dará a conocer oportunamente a su militancia los nombres de los aspirantes que coincidan con sus principios programáticos, sosteniendo que la ciudadanía tiene derecho a identificar a las opciones que no responden a los intereses del oficialismo. Estas expresiones contradicen abiertamente el artículo 37 de la Ley de Participación Ciudadana y el Código de la Democracia, normativas tuteladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que obligan a mantener una estricta naturaleza ciudadana e independiente en el proceso de elección de consejeros.
El precedente de la Liga Azul y las sanciones del Tribunal Electoral
La insistencia del correísmo en intervenir en las candidaturas del Consejo de Participación remite de forma directa al polémico antecedente de la denominada Liga Azul en las elecciones seccionales de 2023. En aquella ocasión, varios candidatos promocionados abiertamente con la simbología y los colores del partido resultaron electos, pero posteriormente fueron destituidos de sus cargos por sentencias del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras comprobarse la comisión de una infracción electoral muy grave relativa al proselitismo partidario no autorizado.
A pesar de que las sanciones anteriores implicaron la pérdida de derechos políticos e inhabilidades para ejercer funciones públicas a los infractores, los voceros de la organización argumentan que las restricciones legales vigentes limitan de manera arbitraria la libertad de expresión y de asociación política de sus militantes. Juristas especializados en derecho constitucional replican que el diseño institucional del CPCCS exige una barrera total de neutralidad para evitar la cooptación partidista de las futuras ternas para designar a las máximas autoridades de la Fiscalía, la Contraloría y las superintendencias del Estado.
Vigilancia estricta del Consejo Nacional Electoral
Ante las declaraciones del exmandatario, consejeros del CNE manifestaron que el organismo electoral mantendrá un monitoreo riguroso a través de su Dirección de Fiscalización del Gasto Electoral para registrar cualquier material publicitario, pancarta, volante o campaña en redes sociales que vincule indebidamente a los aspirantes al CPCCS con estructuras partidistas registradas. Las sanciones estipuladas en la ley incluyen la destitución inmediata de los candidatos implicados y multas económicas de hasta 70 salarios básicos unificados para los patrocinadores.
La disputa por el control del quinto poder y el respeto a las directrices de los organismos electorales se desarrolla en paralelo a otros importantes hitos de control institucional, como lo demostrado cuando la Corte Constitucional dictaminó que la Asamblea debe aprobar el acuerdo con Estados Unidos, subrayando la primacía del marco constitucional sobre cualquier conveniencia coyuntural. El equilibrio de poderes en Ecuador depende en gran medida de la legitimidad de sus procesos de designación de autoridades.
La contienda de noviembre marcará un nuevo pulso entre la disciplina partidista y las barreras legales diseñadas para preservar la independencia de la función de transparencia. El resultado de estas elecciones definirá la composición de un cuerpo colegiado que tendrá en sus manos la conducción de concursos públicos determinantes para el futuro institucional del país.
