- El presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto 532 extendiendo la medida por 30 días adicionales.
- La disposición rige en Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Santo Domingo y Esmeraldas.
- Se mantiene la suspensión de inviolabilidad de domicilio y correspondencia para combatir bandas armadas.
- La medida incluye al cantón minero Camilo Ponce Enríquez en Azuay para frenar extorsiones y minería ilegal.
Alcance del Decreto 532 y el estado de excepción en ocho provincias
Con la finalidad de sostener la presión operativa sobre los grupos de delincuencia organizada y contener los índices de violencia en las zonas de mayor conflictividad, el presidente Daniel Noboa formalizó la prórroga de las facultades extraordinarias del Estado. A través del Decreto Ejecutivo 532 emitido este 11 de noviembre de 2026, el mandatario renovó por 30 días adicionales el estado de excepción en ocho provincias y un cantón con alta incidencia delictiva.
La medida focalizada abarca las jurisdicciones provinciales de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y el cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia del Azuay. Que se mantenga el estado de excepción en ocho provincias responde a informes reservados de inteligencia militar que advierten sobre intentos de reorganización territorial de bandas criminales catalogadas como terroristas.
El instrumento legal ratifica la suspensión temporal de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la inviolabilidad de correspondencia física y digital, facultando a las fuerzas del orden a ejecutar allanamientos e inspecciones urgentes en inmuebles donde se presuma el acopio de armas de fuego, municiones, explosivos o sustancias estupefacientes.
Asimismo, se ratifican las disposiciones sobre el toque de queda escalonado en cantones categorizados bajo riesgo alto, permitiendo regular la movilidad nocturna en corredores viales estratégicos para cortar la logística del narcotráfico y el movimiento de armamento.
En el cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la provincia de Azuay, la presencia reforzada de las tropas militares responde a los violentos enfrentamientos entre facciones delictivas que disputan el control de yacimientos mineros auríferos y pasos informales de transporte de mineral, situación que generó atentados y extorsiones generalizadas contra pequeños mineros durante los últimos trimestres.
Las autoridades de seguridad pública indicaron que la permanencia de los contingentes en estas zonas críticas busca consolidar los descensos porcentuales logrados en homicidios intencionales en puertos de Guayas y Manabí, impidiendo que las estructuras criminales recuperen capacidad de fuego o extorsión territorial.
Operativos conjuntos del Bloque de Seguridad y control en la Corte Constitucional
Voceros del Ministerio de Defensa Nacional señalaron que los contingentes del Bloque de Seguridad intensificarán las operaciones combinadas en terminales portuarias, carreteras de integración fronteriza y centros de privación de libertad para desarticular los canales de comunicación y financiamiento ilícito.
En el ámbito jurídico, el decreto ejecutivo fue remitido inmediatamente a la Corte Constitucional del Ecuador para su respectivo control previo de juridicidad y proporcionalidad, conforme lo manda el artículo 166 de la Carta Magna ecuatoriana.
Especialistas en derecho constitucional subrayaron que las prórrogas periódicas del régimen de excepción deben fundamentar con métricas objetivas la necesidad indispensable de mantener limitados derechos civiles sin desnaturalizar el funcionamiento ordinario de las instituciones democráticas ni vulnerar el debido proceso en detenciones.
Por su parte, organismos de derechos humanos y veedurías ciudadanas solicitaron que los informes mensuales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional detallen con exactitud los decomisos ejecutados, la situación procesal de los detenidos y los protocolos de protección a civiles en zonas residenciales densamente pobladas.
El Gobierno Nacional reiteró que el combate integral contra el crimen transnacional y las economías ilícitas demanda la continuidad de estas herramientas legales para devolver la estabilidad económica y social al país durante las próximas semanas de cierre de año.
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