- Solanda Goyes presentó una acción de protección para frenar el proceso de la Fiscalía en su contra.
- La exvocal del Consejo de la Judicatura cuestiona la competencia de la Fiscalía para investigar el caso.
- El proceso se relaciona con presuntas irregularidades en el manejo de USD 300.000 de cooperación internacional.
- Goyes niega haber cometido tráfico de influencias durante su gestión como directora nacional.
La exvocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, presentó el 17 de septiembre de 2026 una acción de protección contra la Fiscalía General del Estado ante el Complejo Judicial Norte, en el sector de Iñaquito, en Quito, con el objetivo de detener el proceso penal que enfrenta por presunto tráfico de influencias.
Una investigación que arranca en la cooperación internacional
El proceso contra Goyes se originó en presuntas irregularidades en la gestión de recursos de cooperación internacional, cuando la exfuncionaria se desempeñaba como directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia. Según su propia versión, se trata de fondos por USD 300.000 que, sostiene, estaban destinados al fortalecimiento de unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer, y cuyo destino final cuestiona.
La Fiscalía de Pichincha había solicitado el 24 de agosto de 2026 una fecha para la audiencia de formulación de cargos en su contra, un trámite que Goyes busca frenar ahora por la vía constitucional, alegando que el ente investigador carece de competencia legal para intervenir en el manejo de recursos de cooperación internacional.
«Espero que un juez determine que Fiscalía es incompetente»
En su recurso, Goyes fue explícita sobre el argumento central de su defensa: «espero que un juez constitucional determine que Fiscalía es incompetente para manejar investigaciones sobre recursos internacionales», señaló, en un intento por trasladar la discusión desde el fondo del caso —el presunto tráfico de influencias— hacia un cuestionamiento procesal sobre qué institución debería investigar este tipo de fondos.
Un señalamiento directo contra Mario Godoy
La exvocal fue más allá en sus declaraciones y apuntó contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a quien vinculó con un presunto interés en controlar el manejo de esos recursos: «Godoy aspiraba que le entreguen los recursos para manejarlos de forma discrecional», afirmó Goyes, en una acusación que reabre la tensión entre ambos exfuncionarios de la Judicatura, ya marcada por el juicio político que enfrentó Godoy a inicios de año.
La defensa de Goyes: nunca administró los fondos directamente
Goyes niega de manera categórica haber incurrido en tráfico de influencias o en cualquier otra irregularidad durante su gestión al frente de la dirección de acceso a la justicia. Sostiene, además, que en ningún momento administró de forma directa los recursos económicos de cooperación internacional bajo investigación, un punto que su defensa considera clave para desvirtuar la acusación de la Fiscalía.
La exvocal también hizo referencia a otro problema detectado durante su gestión: 23 expedientes disciplinarios habrían prescrito durante la administración anterior a la suya, un dato que su entorno utiliza para argumentar que las fallas de gestión en la Judicatura anteceden a su paso por la institución.
Un caso que se suma a la tensión entre poderes
El caso de Goyes se conoce apenas semanas después de que la Fiscalía formulara cargos formales en su contra por el mismo caso, un proceso que ya había sido reportado a finales de agosto. La disputa ocurre en paralelo a otro conflicto abierto entre la Asamblea Nacional y el propio Consejo de la Judicatura por la eliminación de la unidad especializada anticorrupción y el traslado de jueces a nuevas sedes, lo que perfila un momento de fricción generalizada entre la Función Judicial y otros poderes del Estado.
El propio fiscal general encargado ha defendido en el pasado la independencia de su gestión frente a este tipo de cuestionamientos: «nadie puede hablar de persecución política» cuando existen procesos en curso, señaló en una entrevista previa sobre el manejo de casos sensibles dentro de la institución. Otros procesos judiciales de alto perfil, como la apelación de la Fiscalía a la absolución en el caso de compra de insumos médicos, muestran que la relación entre el ente investigador y distintos exfuncionarios públicos sigue siendo motivo de litigio constante ante los tribunales.
Qué define ahora la vía constitucional
La acción de protección presentada por Goyes deberá ser resuelta por un juez constitucional, que determinará si la Fiscalía tiene o no competencia para continuar con el proceso en su contra. Mientras tanto, la audiencia de formulación de cargos solicitada por la Fiscalía General del Estado permanece en suspenso, a la espera de la resolución judicial sobre la competencia planteada. El Consejo de la Judicatura, por su parte, no se ha pronunciado formalmente sobre el nuevo recurso presentado por su exvocal.
