- El Tribunal Contencioso Electoral tramitó una veintena de causas por presunta infracción electoral grave.
- La mayor parte de los expedientes presentados desde agosto fueron archivados por inconsistencias procesales.
- La última causa ingresada involucra a la alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, por promoción extemporánea.
- El Consejo Nacional Electoral reportó la retención de más de ocho mil artículos de propaganda anticipada.
- La fase proselitista oficial culminará a la medianoche del jueves veintiséis de noviembre a escala nacional.
El Tribunal Contencioso Electoral resolvió archivar la mayor parte de las más de veinte denuncias interpuestas por presunta campaña anticipada desde que se formalizó la convocatoria a los comicios seccionales el pasado 1 de agosto. Las acciones legales, orientadas a sancionar a postulantes a alcaldías, prefecturas y concejalías por actos proselitistas fuera del calendario legal, no prosperaron en los despachos de los jueces electorales debido principalmente a vicios formales y falta de pruebas periciales concluyentes.
Proceso de archivo de denuncias por campaña anticipada
El Código de la Democracia califica la realización de propaganda electoral antes del plazo autorizado como una infracción electoral grave, sujeta a multas económicas significativas e incluso a la suspensión de los derechos políticos. No obstante, en la práctica jurídica contenciosa, la acreditación de la autoría directa y la intencionalidad electoral ha representado una barrera técnica sustancial para los denunciantes que vigilan los recorridos de la campaña electoral en las distintas provincias.
Entre los expedientes más recientes puestos a consideración del organismo jurisdiccional consta el reclamo ingresado el 11 de noviembre, a escasas horas del arranque del periodo legal de promoción. Dicha causa fue planteada en contra de la candidata a la reelección por la Alcaldía de Ambato, Diana Caiza Telenchana, auspiciada por el movimiento Pachakutik, acusada de difundir mensajes proselitistas en espacios públicos de la capital tungurahuense antes de la fecha límite autorizada.
De acuerdo con la información institucional del Tribunal Contencioso Electoral, los magistrados determinaron que la mayoría de causas ingresadas carecían de los requisitos probatorios exigidos por el reglamento de trámites procesales, lo que condujo a su desestimación y archivo definitivo sin llegar a audiencias orales de juzgamiento.
Incautaciones del CNE y control de propaganda no autorizada
De manera complementaria a los recursos sustanciados ante la sede judicial, el organismo de administración y control electoral intensificó sus tareas de monitoreo de campo en las veinticuatro delegaciones provinciales. Los equipos técnicos levantaron actas de constatación sobre murales, vallas publicitarias, lonas y material rodante que exhibía imágenes y nombres de precandidatos antes del banderazo oficial.
El titular del cuerpo comicial, José Cabrera, confirmó a la prensa especializada que hasta el 11 de noviembre las delegaciones del Consejo Nacional Electoral habían logrado confiscar un total de 8.192 artículos promocionales distribuidos sin autorización en la vía pública. Este material incluye camisetas, gorras, calendarios y afiches que vulneraban las directrices vigentes sobre gasto electoral y neutralidad institucional.
Los reportes de fiscalización remitidos por las intendencias y juntas electorales provinciales servirán de insumo para liquidar el gasto electoral de cada organización política una vez concluidos los comicios, imputando el valor estimado de estos materiales a los topes máximos de campaña autorizados por ley.
Plazos del calendario electoral y etapa de silencio de cara al sufragio
El periodo de proselitismo autorizado cuenta con una duración reducida de apenas 15 días, en los cuales los aspirantes a las distintas dignidades cantonales y provinciales disponen de autorización plena para pautar en medios tradicionales, redes sociales y eventos masivos con miras a captar la intención de voto de la ciudadanía.
Esta etapa proselitista se extenderá de forma ininterrumpida hasta la medianoche del jueves 26 de noviembre, momento en el cual entrará en vigor el régimen de silencio electoral obligatorio. Durante dicho periodo y hasta la culminación del sufragio fijado para el domingo 29 de noviembre, estará terminantemente prohibida cualquier manifestación política o difusión de encuestas de opinión.
Según la cobertura especializada publicada por Primicias sobre la fiscalización electoral, los tribunales mantendrán abiertos los canales de recepción de quejas ciudadanas durante los días de veda para evitar que la difusión clandestina de propaganda empañe la jornada de votación democrática en el territorio nacional.
