El caso Pruebas COVID-19 volvió a colocar al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, en el centro del debate judicial y político. El Tribunal de Juzgamiento ya entró en fase de deliberación. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su pedido de condena por delincuencia organizada.
Durante más de cuatro décadas de actividad política y procesos penales, Bucaram nunca ha recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada. Sin embargo, este escenario podría cambiar con la resolución del denominado caso Pruebas COVID-19.
Más de 40 años de procesos judiciales sin condena
A lo largo de su trayectoria política, Abdalá Bucaram enfrentó múltiples denuncias penales. No obstante, ninguna derivó en una condena definitiva.
En la década de los ochenta fue acusado de supuesta traición a la patria. Además, afrontó un proceso por peculado relacionado con el relleno sanitario de Guayaquil, conocido como caso Cascajo. Finalmente, en esa causa fue sobreseído.
Posteriormente, tras asumir la Presidencia en 1996 y ser destituido en 1997, se abrieron nuevos procesos judiciales. Entre ellos destacaron los casos Mochila Escolar y Gastos Reservados.
Ambos expedientes prescribieron en 2017. Según la normativa vigente en aquella época, estos delitos no podían juzgarse en ausencia. Tampoco eran imprescriptibles. Por ello, las acciones penales quedaron extinguidas con el paso del tiempo.
Después de permanecer varios años en Panamá, Bucaram retornó al Ecuador.
La teoría de la Fiscalía en el caso Pruebas COVID-19
La Fiscalía sostiene que existió una presunta estructura delictiva durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Según la acusación, los implicados habrían obtenido beneficios económicos mediante la comercialización de pruebas rápidas e insumos médicos.
En este proceso también están involucrados Jacobo Bucaram Ortiz, Leandro Berrones y el ciudadano israelí Sheinman Oren.
El Tribunal conformado por los jueces Gandhy Cervantes, Ivonne Vásquez y Pablo Coello entró a deliberar el pasado 15 de mayo de 2026. Sin embargo, todavía no existe una fecha confirmada para la lectura de la sentencia.
La Fiscalía solicitó una condena contra los procesados dentro del caso Pruebas COVID-19. Según la teoría fiscal, se habrían utilizado bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito.
Los agentes, presuntamente, brindaron seguridad a los extranjeros involucrados para movilizar las pruebas rápidas durante la pandemia.
Asimismo, la investigación señala que Jacobo Bucaram habría entregado 321.600 dólares en efectivo a Sheinman Oren y Shy Dahan.
Las autoridades detuvieron a los extranjeros en Santa Elena. En el operativo encontraron 100.000 dólares en efectivo. Además, hallaron otros 212.510 dólares y 385 euros en el lugar donde se hospedaban.
Credenciales falsas y presuntas presiones
Durante las investigaciones se determinó que los extranjeros utilizaban credenciales falsas. Supuestamente, simulaban pertenecer a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA.
Por ese motivo, Sheinman Oren recibió una sentencia de 20 meses de prisión por uso doloso de documento falso.
La Fiscalía también aseguró que Jacobo Bucaram habría realizado llamadas telefónicas con amenazas hacia Shy Dahan. El objetivo, según la acusación, era modificar su versión de los hechos.
Además, el Ministerio Público señaló que Abdalá Bucaram habría ofrecido interferir en decisiones judiciales para favorecer la situación jurídica de Dahan. Posteriormente, el ciudadano israelí fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral.
Dentro del proceso, Bucaram padre y su hijo son considerados presuntos colaboradores de la estructura investigada.
Otros implicados y posibles penas
En el caso Pruebas COVID-19 también fue llamada a juicio la ciudadana peruana Orietta Marengo. Sin embargo, permanece prófuga.
Por otra parte, dos exagentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito aceptaron los hechos mediante un procedimiento abreviado. Ambos recibieron condenas de cinco años de prisión.
El delito de delincuencia organizada contempla penas de siete a diez años para los autores directos. Mientras tanto, los colaboradores podrían recibir entre cinco y siete años de cárcel.
Además, existen agravantes que eventualmente podrían incrementar las sanciones.
Los otros procesos abiertos contra Bucaram
El expresidente también afronta otro proceso por tráfico de armas de fuego, químicas y nucleares. La audiencia de juicio fue convocada nuevamente para junio de este año.
La causa nació tras los allanamientos realizados durante las investigaciones del caso Pruebas COVID-19. En la vivienda de Bucaram se encontraron armas y municiones sin permisos.
Ese delito contempla penas de tres a cinco años de prisión.
Asimismo, otro expediente por tráfico de bienes patrimoniales surgió del mismo operativo policial. Sin embargo, en ese proceso el exmandatario fue sobreseído.
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