La sola posibilidad genera alarma institucional. ¿Existe una nueva instrumentalización de la justicia para beneficiar a un narcotraficante?
Aunque no se trata formalmente de los casos Metástasis o Fachada, los patrones se repiten con inquietante similitud.
El 17 de diciembre de 2025, el penalista Felipe Rodríguez denunció públicamente presiones judiciales para favorecer a un narcotraficante.
El afectado sería el juez Carlos Serrano Lucero, magistrado de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
Según la denuncia, Serrano habría enfrentado amenazas internas, presiones indebidas y el retiro de su seguridad policial.
Estos hechos se produjeron mientras integraba el tribunal del caso Euro 2024, una megainvestigación por lavado de activos.
Restituciones polémicas y antecedentes preocupantes
El origen del conflicto se remonta a septiembre de 2025.
En esa fecha, el Consejo de la Judicatura restituyó a jueces investigados en el caso Fachada.
Entre ellos figuraba Gabriela Lara, quien posteriormente asumió el caso Euro 2024 como jueza ponente.
Dicho proceso investiga una red transnacional vinculada al narcotráfico hacia Europa.
Este contexto agravó las sospechas de presiones judiciales para favorecer a un narcotraficante, según la defensa de Serrano.
Además, las decisiones administrativas facilitaron la reincorporación de operadores judiciales cuestionados.
Amenazas, atentado y presiones internas
En noviembre de 2025, las audiencias ya estaban convocadas.
Entonces ocurrió un atentado con carro bomba cerca del Complejo Judicial Norte, en Quito.
Aunque el explosivo fue neutralizado, el mensaje fue inequívoco.
Posteriormente, un alto funcionario de la Judicatura habría intentado forzar reuniones irregulares con Serrano.
Según Rodríguez, el mensaje era claro: absolver al extranjero procesado.
De este modo, las presiones judiciales para favorecer a un narcotraficante habrían escalado desde dentro del sistema.
Sentencia, represalias y retiro de protección
El 20 de noviembre, el tribunal dictó sentencia.
Dos jueces concluyeron que existió lavado de 11 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Sin embargo, la jueza Lara salvó su voto y declaró inocente a la organización criminal.
La reacción del condenado fue intimidante y explícita.
Pese al riesgo evidente, el 2 de diciembre se retiró la seguridad al juez Serrano.
Dos días después, presentó su renuncia, aún no aceptada oficialmente.
Silencio institucional y contradicciones oficiales
El Consejo de la Judicatura no ha emitido pronunciamiento alguno.
Este silencio contrasta con los discursos oficiales sobre integridad y transparencia judicial.
Mientras tanto, avanzan procesos sensibles como el caso Triple A.
En ese escenario, las presiones judiciales para favorecer a un narcotraficante revelan una grave vulnerabilidad institucional.
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Fuente:
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