El proyecto de Ley Orgánica de Extradición volverá a discutirse este martes 7 de julio, cuando el Pleno de la Asamblea Nacional analice el informe para segundo debate de la iniciativa. La propuesta busca reemplazar la normativa vigente desde el año 2000.
El presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres Cobo, convocó a la sesión a las 10:00, con un orden del día de cuatro puntos. Entre ellos figura la resolución del informe de extradición, que además adecúa la legislación a la reforma constitucional aprobada en la consulta popular de abril de 2024. Esa consulta habilitó, bajo ciertas condiciones, la extradición de ciudadanos ecuatorianos.
Origen y trámite del proyecto de Ley Orgánica de Extradición
La iniciativa nació de un oficio presentado el 21 de julio de 2025 por José Suing Nagua, entonces presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Posteriormente, el Consejo de Administración Legislativa la calificó y la remitió a la Comisión de Justicia.
El trámite se extendió por cerca de once meses. Durante ese periodo, la Comisión realizó sesiones de socialización y recibió comparecencias de autoridades como el propio Suing, el entonces fiscal general Wilson Toainga, delegados de la Cancillería, funcionarios de Interpol y representantes de la Corte Constitucional. También participaron especialistas en derecho penal e internacional y académicos universitarios. El informe definitivo se aprobó el 16 de junio de 2026.
Vale mencionar que Torres Cobo, quien preside la convocatoria, también integró la mesa legislativa que tramitó el proyecto, junto a otros nueve asambleístas.
Observaciones y críticas al informe
No todas las posturas son favorables. El asambleísta correísta César Palacios reconoce la necesidad de modernizar la norma, pero advierte que algunos artículos podrían chocar con principios constitucionales sobre independencia judicial y separación de funciones. Su colega Eliana Correa, por su parte, señaló posibles ambigüedades y riesgos de inconstitucionalidad en varios artículos.
Asimismo, el Consejo de la Judicatura remitió observaciones técnicas. Esa entidad recomendó precisar definiciones jurídicas y ajustar la regulación sobre la prescripción de las penas en los procesos de extradición.
Principales cambios que plantea el proyecto de Ley Orgánica de Extradición
El informe establece que los ecuatorianos solo podrán ser extraditados con garantías de debido proceso, prohibición de pena de muerte y de tratos crueles, además del principio de especialidad. Igualmente, incorpora una disposición transitoria que impide aplicar la extradición a hechos previos a la reforma constitucional, en respeto al principio de irretroactividad.
El texto define al presidente de la Corte Nacional de Justicia como autoridad central del sistema, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores conservaría el canal diplomático obligatorio. Sin embargo, el artículo 35 traslada la decisión final al presidente de la República: aunque la Corte declare procedente una extradición, el Ejecutivo podrá negarla por razones de soberanía, reciprocidad o seguridad, siempre con una decisión motivada.
En definitiva, el proyecto de Ley Orgánica de Extradición llega al Pleno con respaldo técnico, pero también con observaciones pendientes que podrían marcar el debate del próximo martes.
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