- La Agencia Metropolitana de Control clausuró la sede de la Asociación de Empleados de Pichincha.
- El operativo municipal detectó una presunta fiesta ‘swinger’ sin permisos de funcionamiento.
- En el predio se encontraron bebidas alcohólicas sin registro y adecuaciones no autorizadas.
- Las autoridades iniciaron el proceso sancionador con multas económicas de varios salarios básicos.
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) de Quito procedió a la clausura inmediata de la sede social perteneciente a la Asociación de Empleados de la Prefectura de Pichincha, ubicada en el norte de la capital, tras constatar la realización de una presunta fiesta clandestina de carácter privado que operaba sin licencias municipales de funcionamiento.
El operativo de intervención se ejecutó en horas de la madrugada en coordinación con efectivos de la Policía Nacional y la intendencia general de Policía, respondiendo a denuncias formuladas por moradores del sector debido a ruidos molestos, congestión de vehículos y alteración del orden público en los exteriores del inmueble gremial.
Hallazgos del operativo y normativa infringida
Al ingresar al establecimiento, los inspectores municipales constataron la presencia de decenas de personas en áreas adaptadas con barras de licor, equipos de amplificación sonora y espacios privados que no contaban con la Licencia Metropolitana Única de Actividades Económicas (LUAE) requerida para la prestación de servicios de diversión nocturna. Según detalló el reporte de la intervención publicado por Revista Vistazo, se procedió al decomiso de botellas de licor de procedencia dudosa.
La normativa cantonal de Quito prohíbe el uso de sedes sociales gremiales para actividades mercantiles de entretenimiento nocturno sin las correspondientes inspecciones de seguridad del cuerpo de bomberos ni planes de contingencia, tal como establece el ordenamiento administrativo tutelado por el Municipio de Quito.
Proceso sancionador y sanciones económicas
Los delegados de la AMC colocaron los sellos de clausura preventiva en los accesos del inmueble y levantaron el acta de juzgamiento respectiva. La entidad rectora del control municipal advirtió que los organizadores del evento y los administradores del inmueble enfrentan sanciones que pueden ascender a multas de varios salarios básicos unificados, además de la suspensión definitiva de actividades de entretenimiento en dicho recinto.
Este operativo se inscribe en la estrategia metropolitana de recuperación del espacio público y fiscalización de eventos clandestinos en la urbe, vinculándose con las intervenciones de seguridad ciudadana abordadas en nuestras informaciones sobre movilidad y orden público en Quito.
Exigencias ciudadanas de control en predios institucionales
Vecinos del sector manifestaron su respaldo a las acciones de la autoridad municipal y solicitaron que se verifique el destino que las directivas gremiales otorgan a los bienes inmuebles comunitarios.
La AMC reiteró que mantendrá los operativos de control nocturno en todas las administraciones zonales de la capital para garantizar la convivencia pacífica y el estricto cumplimiento de la ley.
Normativa de uso de suelo y facultades sancionatorias de la AMC
La Agencia Metropolitana de Control recordó que las asociaciones gremiales, sindicatos y clubes sociales tienen asignado un uso de suelo específico de carácter institucional o administrativo, el cual excluye taxativamente la explotación mercantil de espectáculos para adultos, discotecas clandestinas o expendio masivo de bebidas alcohólicas sin autorización expresa.
El Código Municipal de Quito contempla sanciones severas para los propietarios o arrendatarios de inmuebles que desnaturalicen la finalidad autorizada de los predios, facultando a las autoridades a disponer la clausura preventiva inmediata y a iniciar procesos administrativos sancionadores que conllevan multas económicas acumulativas.
Compromiso con la tranquilidad y convivencia vecinal
Las denuncias de los moradores del norte capitalino señalaban que en las inmediaciones de la sede se generaban incidentes de inseguridad, consumo de licor en aceras y obstaculización de garajes residenciales hasta altas horas de la madrugada. La intervención conjunta de la AMC y la Policía Nacional restableció la tranquilidad en el barrio residencial.
La entidad de control municipal continuará vigilando que los sellos de clausura permanezcan intactos, advirtiendo que la rotura o desacato a las órdenes de clausura constituye un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal que acarrea sanciones privativas de libertad.
