- La ciudad de Cuenca se ha visto envuelta en una profunda indignación tras un suceso desgarrador que subraya las falencias sistémicas del sector salud.
- La utilización de la ambulancia era, sin lugar a dudas, fundamental para la supervivencia del pequeño y la continuación de su tratamiento.
- Jéssica Chumap, la valiente madre del niño afectado, compartió públicamente su angustiosa y traumática experiencia, vivida durante un fin de semana que debió haber sido de atención médica prioritaria.
La ciudad de Cuenca se ha visto envuelta en una profunda indignación tras un suceso desgarrador que subraya las falencias sistémicas del sector salud. Una madre, enfrentada a una emergencia médica crítica, se vio en la penosa y lamentable situación de tener que desembolsar cincuenta dólares estadounidenses (USD 50) para costear el combustible de una ambulancia. Este vehículo era imperativo para el traslado de su hijo, un menor de apenas dos años que padece una delicada y severa enfermedad renal crónica, desde Cuenca hasta la capital, Quito.
La utilización de la ambulancia era, sin lugar a dudas, fundamental para la supervivencia del pequeño y la continuación de su tratamiento. Esta circunstancia no solo evidencia, sino que magnifica las profundas y arraigadas deficiencias que persisten en el sistema de salud pública ecuatoriano. Especialmente, este incidente se enmarca en un contexto de crisis sanitaria generalizada, que exacerba las ya existentes vulnerabilidades.
El Angustioso Dilema y la Insuficiente Respuesta Institucional
Jéssica Chumap, la valiente madre del niño afectado, compartió públicamente su angustiosa y traumática experiencia, vivida durante un fin de semana que debió haber sido de atención médica prioritaria. Su hijo necesitaba, con una urgencia inaplazable, ser trasladado al reconocido Hospital Pediátrico Baca Ortiz en Quito. Allí, se le brindaría el tratamiento especializado e imprescindible que su condición requería. Sin embargo, en el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, recibió una respuesta desalentadora y totalmente inaceptable.
Se le informó que no contaban con los fondos necesarios en la caja chica para sufragar el gasto de combustible de la ambulancia. La advertencia fue explícita y contundente: si no aportaba los USD 50 requeridos, el traslado vital no se llevaría a cabo a tiempo. Esta demora inminente ponía en grave riesgo tanto la cita médica crucial del menor como, lo que es aún más alarmante, la propia vida del pequeño paciente.
Situación desgarradora
Frente a esta apremiante y desgarradora situación, y ante la terrible posibilidad de que su hijo pudiera fallecer sin el tratamiento médico adecuado y oportuno, la señora Chumap, contra su voluntad, accedió a realizar el pago exigido. No obstante, la persistente insistencia por parte del personal del hospital para que el traslado se realizara, combinada con las inexplicables dudas sobre la negativa inicial, llevó a que la señora Chumap se viera nuevamente forzada a entregar los fondos.
Según sus declaraciones a diversos medios de comunicación locales, se le solicitó firmar un documento que acreditaba su aporte económico como un acto «voluntario». Este detalle añade una capa de controversia y opacidad a todo el incidente, poniendo en tela de juicio la transparencia de los procedimientos. En todo este desafortunado episodio, el servicio de ambulancia era un componente indispensable para la gestión eficiente y segura del traslado.
Reacción de las Autoridades y Medidas Correctivas
El caso, al trascender a la esfera pública y generar una ola de indignación, provocó una reacción inmediata y enérgica por parte de las autoridades competentes. El gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, calificó la situación de «extremadamente grave» y recalcó, de manera enfática, que bajo ninguna circunstancia un funcionario público tiene la potestad de solicitar dinero por servicios que, por ley, son completamente gratuitos y están garantizados por el Estado.
Bermúdez recordó a la ciudadanía y al personal de salud que es el Ministerio de Salud Pública el ente responsable de cubrir integralmente los costos de transporte de pacientes. Calificó, además, el procedimiento exigido a la madre como un «mal procedimiento», que contraviene los principios fundamentales de la atención sanitaria. Insistió en que el servicio de ambulancia debe ser siempre, y sin excepción, gratuito para todos los ciudadanos.
Error de comunicación
Por su parte, Johana Alvarado, la gerente del hospital Vicente Corral Moscoso, ofreció una explicación en un intento por esclarecer los hechos. Atribuyó lo sucedido a un «error de comunicación», una justificación que muchos consideraron insuficiente ante la gravedad del caso. Explicó que existen procedimientos claramente establecidos para la contratación y provisión de combustible. Afirmó que las ambulancias, habitualmente, salen con el tanque lleno antes de iniciar cualquier traslado. Para los traslados que ocurren durante el fin de semana, mencionó que la gestión del combustible se realiza internamente, o que los conductores adelantan el dinero de su propio bolsillo, siendo reembolsados posteriormente.
A pesar de estas explicaciones, que generaron más interrogantes que respuestas, se ha iniciado una acción administrativa formal por faltas disciplinarias. Esto reconoce, de manera tácita, la falta de una coordinación adecuada y una supervisión deficiente. Este lamentable incidente pone de manifiesto la urgente y perentoria necesidad de optimizar radicalmente la gestión de recursos. Asimismo, se requiere una mejora sustancial en la comunicación interinstitucional para, de esta manera, garantizar una atención médica oportuna.
Fuente: Panorama Ecuador
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