- Terminación unilateral dictada por la alcaldía tras advertencias sobre la empresa adjudicataria.
- El contratista mantenía nexos directos con Jackson Zambrano, investigado por financiamiento delictivo.
- La decisión administrativa busca salvaguardar fondos públicos y blindar los procesos de contratación.
- Autoridades de control respaldan la revisión integral de compras públicas en la provincia de Los Ríos.
En una resolución de alta trascendencia institucional, la **Alcaldesa de Baba termina contrato** de obra pública con una empresa constructora vinculada a Jackson Zambrano, identificado por reportes de inteligencia judicial como presunto operador financiero del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. La medida responde a una rigurosa auditoría interna que detectó inconsistencias contractuales e irregularidades en las garantías presentadas.
De acuerdo con el reporte oficial difundido por información judicial publicada por Primicias, los acontecimientos evidencian la necesidad de adoptar medidas inmediatas en beneficio de la ciudadanía y las instituciones del país.
Motivos por los que la Alcaldesa de Baba termina contrato de obra
La decisión administrativa cobró fuerza tras la difusión de informes de inteligencia que vinculaban a los accionistas de la firma adjudicataria con actividades de lavado de activos y financiamiento ilegal. La Alcaldesa de Baba termina contrato amparada en las facultades de control y fiscalización que la ley confiere a los ejecutivos cantonales.
Entre los argumentos expuestos en el expediente municipal se documentó el retraso injustificado en la entrega de hitos constructivos, así como la negativa de la compañía contratista a subsanar fallas técnicas advertidas por los auditores de obra.
Esta acción contundente busca frenar cualquier intento de cooptación económica de los recursos públicos por parte de estructuras al margen de la ley en el cantón riosense.
El equipo técnico municipal verificó además que las maquinarias asignadas al proyecto permanecían paralizadas en campamentos no autorizados, configurando un evidente abandono de los frentes de trabajo comprometidos.
Este contexto guarda estrecha relación con el análisis previo sobre operativos contra estructuras armadas en el litoral, donde se evaluaron las repercusiones sectoriales e institucionales vinculadas con este tipo de acontecimientos en el territorio nacional.
Fundamentos jurídicos y salvaguarda de recursos del cantón
La administración municipal sustentó la decisión en las causales de terminación unilateral previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Entre los hallazgos principales constan retrasos injustificados en el cronograma de ejecución y la falta de subsanación de observaciones técnicas formuladas por los fiscalizadores.
La funcionaria cantonal enfatizó que el dinero de los ciudadanos de Baba no puede quedar expuesto ni servir directa o indirectamente a estructuras vinculadas con la criminalidad transnacional o el lavado de activos en la región litoral.
Los equipos jurídicos del Cabildo procedieron a ejecutar las pólizas de fiel cumplimiento del contrato y de buen uso del anticipo para recuperar íntegramente los fondos públicos transferidos, notificando formalmente a las aseguradoras garantes.
De acuerdo con los artículos aplicables de la normativa vigente, la empresa sancionada quedará inhabilitada en el Registro Único de Proveedores (RUP) por un período mínimo de cinco años.
Información complementaria y lineamientos normativos pueden consultarse directamente a través de los Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador, que detallan los procedimientos vigentes y las garantías institucionales.
Contexto de seguridad y vigilancia en la provincia de Los Ríos
La provincia de Los Ríos ha sido catalogada por los organismos de seguridad del Estado como una de las zonas con mayor incidencia de extorsiones y penetración de bandas delictivas en contratos seccionales. La acción resuelta por el Cabildo marca un precedente en el control preventivo municipal.
Especialistas en anticorrupción señalan que las entidades de control como la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General deben articularse de manera prioritaria para cotejar los registros societarios de los proveedores del Estado con las bases de datos de personas procesadas por cohecho y narcotráfico.
El Ministerio del Interior ha dispuesto un refuerzo especial de seguridad en el cantón para proteger a los funcionarios que intervinieron en la emisión de las resoluciones administrativas y evitar posibles represalias armadas.
La cooperación ciudadana a través de veedurías cantonales constituye una herramienta fundamental para transparentar el destino de cada centavo invertido en obras comunales.
Fuente: Información recopilada y verificada a partir del reporte de Primicias Ecuador.
