- La AMT confirmó la destitución administrativa de 23 agentes de control de tránsito desde febrero de 2024.
- Un funcionario dado de baja un viernes fue detenido al miércoles siguiente como presunto líder de Los Lobos.
- Otros 13 agentes registran sentencias condenatorias en primera instancia pero continúan en nómina institucional.
- La dirección del organismo capitalino impulsa reformas al régimen disciplinario para agilizar las separaciones.
Un exhaustivo informe de depuración institucional presentado este 28 de octubre de 2026 por la dirección general de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito reveló que 23 agentes civiles de tránsito han sido destituidos formalmente desde febrero de 2024 por incurrir en presuntos delitos de concusión, cohecho y extorsión contra conductores en las vías de la capital, registrándose incluso el caso de un uniformado que tras ser cesado fue capturado como cabecilla de la organización delictiva Los Lobos.
Casos de corrupción y limitaciones del marco jurídico actual
El director de la institución metropolitana, Washington Martínez, detalló que en el período comprendido entre julio y octubre de 2026 se abrieron expedientes disciplinarios urgentes contra cuatro servidores investigados por exigir pagos indebidos de dinero a cambio de no emitir boletas de infracción o no retener automotores por incumplimiento del cronograma de Pico y Placa. La máxima autoridad cantonal expuso con crudeza la complejidad del sistema legal ecuatoriano para desvincular con celeridad a los malos elementos.
“Un agente de tránsito fue destituido un día viernes y al siguiente miércoles fue capturado en un operativo antidelincuencial como líder de la banda de Los Lobos”, señaló Martínez durante una entrevista pública, subrayando la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de control municipal. El directivo agregó que 13 agentes activos cuentan con sentencia penal condenatoria en primera instancia, pero continúan cobrando remuneraciones del cabildo debido a apelaciones pendientes y a la vigencia del principio constitucional de inocencia.
Complejidad procesal en el régimen laboral público
Las trabas legales para separar definitivamente a uniformados sentenciados derivan de las disposiciones del Código Orgánico Administrativo (COA) y la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), las cuales impiden cesar funciones mientras no exista una sentencia penal ejecutoriada por un tribunal de casación. Esto genera que servidores públicos señalados por exigir sobornos a través de billeteras móviles sigan adscritos a labores administrativas dentro de la institución mientras sus procesos judiciales se dilatan por años.
Martínez puntualizó que la unidad de Asuntos Internos ha remitido más de sesenta informes de responsabilidad administrativa a la Procuraduría Metropolitana para sustentar sumarios sin vicios de nulidad. Sin embargo, en múltiples ocasiones los jueces constitucionales han concedido acciones de protección con medidas cautelares que ordenan el reintegro inmediato y el pago retroactivo de sueldos a funcionarios separados, lo que debilita los esfuerzos de saneamiento ético institucional.
Vigilancia en patios de retención y digitalización de trámites
Veedores de derechos ciudadanos en la capital demandaron que la fiscalización municipal se extienda también a los centros de revisión técnica vehicular y a los patios de retención vehicular de Turubamba, Gualaquiza y Calderón, donde los usuarios denuncian cobros irregulares por peritajes de salida o demoras deliberadas en la entrega de automotores liberados por los juzgados de tránsito. La dirigencia barrial exige que los trámites administrativos se digitalicen completamente para reducir las interacciones físicas entre usuarios y servidores públicos.
Por su parte, el alcalde de Quito y los miembros de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano ratificaron su respaldo a las acciones de depuración interna encabezadas por Martínez, señalando que la administración municipal no tolerará actos de deshonestidad que empañen la labor de los agentes de tránsito comprometidos con la seguridad vial. Asimismo, se anunció la conformación de una mesa de diálogo permanente con cooperativas de taxis, transporte escolar y buses urbanos para canalizar de forma confidencial cualquier intento de extorsión vial en las calles capitalinas.
Procesos penales en marcha y coordinación con la Policía
La cúpula de la entidad metropolitana remitió los expedientes periciales de los casos identificados a la Fiscalía General del Estado para que se formalicen las instrucciones penales respectivas por delincuencia organizada y concusión. Asimismo, se coordinan operativos encubiertos con unidades de inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador para vigilar los corredores viales donde los conductores denuncian cobros irregulares con mayor frecuencia.
Representantes de gremios del transporte público y veedurías cívicas de Pichincha demandaron que el Concejo Metropolitano apruebe reformas a las ordenanzas de tránsito que incorporen cámaras corporales obligatorias (bodycams) en los uniformes de los agentes de campo, garantizando un registro audiovisual inalterable de cada procedimiento de control para resguardar los derechos ciudadanos y erradicar la impunidad administrativa.
Las autoridades metropolitanas recordaron a la ciudadanía que las denuncias pueden presentarse de manera anónima a través de los canales digitales de la AMT y las ventanillas de atención del cabildo, garantizando la debida reserva procesal y protección a los denunciantes.
Para conocer detalles sobre coberturas previas y resoluciones afines, consulte nuestro reporte sobre AMT Quito y medidas institucionales en Ecuador.
