- El SNAI confirmó el ingreso de Inda Peñarrieta y Michelle Macías al centro penitenciario de máxima seguridad.
- Ambas procesadas fueron deportadas desde Colombia tras su captura en el municipio de Sabana de Torres.
- La Fiscalía General del Estado reactivará de inmediato la etapa de juicio por el caso Blanqueo Fito.
- En el recinto carcelario coincide también Verónica Briones, sentenciada a diez años de privación de libertad.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó este miércoles 30 de septiembre de 2026 el ingreso formal y reclusión de Inda Peñarrieta Túarez y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija del cabecilla prófugo José Adolfo Macías Villamar, en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 3, conocido como la cárcel La Roca, en la ciudad de Guayaquil.
Ambas procesadas arribaron a la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil la noche del martes 29 de septiembre a bordo de un vuelo policial procedente de Bogotá, tras haber sido capturadas dos días antes por las autoridades colombianas en el municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander. De acuerdo con las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, las dos mujeres fueron deportadas de territorio colombiano luego de corroborarse que utilizaban identidades falsas y contaban con difusión roja activa de Interpol por delitos de crimen organizado.
Reactivación procesal del caso Blanqueo Fito
Con la formalización de su reclusión en el penal de máxima seguridad, la Fiscalía General del Estado anunció que se levantará la suspensión del trámite judicial y se reinstalará la etapa de juzgamiento dentro del proceso penal conocido como caso Blanqueo Fito. En este expediente se investiga el delito de lavado de activos derivado de fondos no justificados que alimentaron el patrimonio familiar de la cúpula de la organización delictiva Los Choneros.
La investigación formal fue impulsada por la Unidad Especializada Antilavado de Activos en abril de 2024, sustentada en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Aunque en marzo de 2026 ambas imputadas habían sido llamadas a juicio en calidad de coautoras, el procedimiento permanecía legalmente en suspenso respecto a ellas debido a su condición procesal de prófugas de la justicia.
Dispositivo de seguridad y coincidencia penitenciaria
Al interior del complejo carcelario de La Roca, Peñarrieta y Macías permanecerán bajo estrictos regímenes de aislamiento celular y vigilancia tecnológica perimetral. En este mismo centro penitenciario se encuentra recluida desde abril de 2026 Verónica Briones, expareja del cabecilla, quien cumple una sentencia condenatoria de diez años de privación de libertad dictada en primera instancia por el mismo esquema de blanqueo de capitales.
El traslado y reclusión de las familiares directas del cabecilla de Los Choneros se enmarca en las directrices de seguridad penitenciaria emitidas por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Las evaluaciones de inteligencia policial determinaron que la permanencia de ambas procesadas en centros carcelarios convencionales representaba un elevado riesgo para la seguridad del sistema penitenciario, razón por la cual se dispuso su asignación inmediata a los pabellones de máxima seguridad de La Roca, donde las comunicaciones y visitas se encuentran sujetas a restricciones extraordinarias.
Por su parte, el equipo de fiscales de la Unidad Antilavado de Activos prepara la sustentación del dictamen acusatorio con el que solicitará la pena máxima contemplada en la legislación penal para el delito de lavado de activos agravado. El expediente incluye reportes bancarios transfronterizos, escrituras de bienes inmuebles incautados y testimonios de peritos financieros que detallan cómo el dinero generado por el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes fue canalizado hacia empresas comerciales y cuentas bancarias a nombre del círculo familiar cercano de Macías Villamar.
Las autoridades penitenciarias y los mandos policiales ratificaron que el recinto mantiene dispositivos de control extraordinarios para impedir cualquier alteración del orden interno, en coordinación con los operativos tácticos desplegados en la urbe porteña, como las recientes intervenciones en puntos críticos de seguridad.
